En un evento este lunes, Noboa consideró que el proceso consultivo” es clave” porque así el país decidirá “si seguimos anclados al pasado o avanzamos hacia un mejor futuro”.
Durante su discurso en el Centro de Educación Inicial Juan Bautista Aguirre, de Daule, provincia de Guayas, el gobernante llamó a “no descansar hasta superar brechas o hasta que no exista en Ecuador una sola persona cuyas necesidades no hayan sido satisfechas”.
En la mañana de hoy, la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, informó que probablemente el Gobierno envíe nuevas preguntas para incluirlas en la consulta popular si son validadas por la Corte, aunque no mencionó los temas.
Jaramillo consideró que el organismo judicial “está absolutamente desconectado de las necesidades y de las preocupaciones de la gente” tras rechazar algunas de las interrogantes propuestas por Noboa.
La semana pasada, el tribunal aceptó que dos de las enmiendas planteadas sigan adelante: la contratación laboral por horas en el sector turístico y la reducción del número de legisladores.
En cambio, rechazó la pregunta con la cual el mandatario buscaba eliminar el Cpccs, lo que según la Corte alteraría la estructura del Estado, y frenó la intención del jefe de Estado de permitir el juicio político a jueces constitucionales, medida que, a criterio del organismo, afectaría la independencia judicial.
La Corte también rechazó la sugerencia del gobernante de someter a consulta popular la reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas y otra iniciativa de reforma parcial a la Constitución que buscaba permitir la castración química para condenados por delitos sexuales.
En resumen, el plan del Ejecutivo de realizar un referendo este mismo año queda reducido, por ahora, a cuatro preguntas.
A la del trabajo por horas en el turismo y la de la reducción de los asambleístas se sumarían las interrogantes sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y la eliminación del financiamiento estatal para organizaciones políticas.
Esas dos últimas ya pasaron el trámite correspondiente en la Asamblea Nacional y requieren ratificación ciudadana mediante referendo.
Más allá de los temas, un proceso consultivo genera cuestionamientos sobre su verdadera necesidad debido al gasto que conlleva de alrededor de 60 millones de dólares.
La decisión de la Corte de descartar iniciativas gubernamentales se da en medio de las tensiones con el presidente Noboa debido a que el organismo suspendió temporalmente artículos de tres leyes de interés del Ejecutivo que acumulan más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad.
Para Noboa, la decisión de frenar temporalmente sus iniciativas limita la capacidad de su Gobierno para enfrentar la corrupción y fortalecer políticas de seguridad, por lo cual convocó a una marcha que reunió a miles de personas en Quito el pasado 12 de agosto y llamó a otra movilización el próximo 11 de septiembre.
Relatores de Naciones Unidas, expertos ecuatorianos y organizaciones sociales han expresado preocupación por las presiones y críticas del Gobierno de Noboa a la Corte Constitucional y consideran que eso representa una amenaza a la independencia del tribunal.
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