En su habitual boletín semanal, y basado en el informe final presentado por el Consejo Asesor Nacional Anticorrupción (NACAC), Ramaphosa subrayó que la lucha contra la corrupción es compleja y requiere desmantelar sistemas de clientelismo arraigados durante años, además de fortalecer la capacidad estatal para manejar casos complejos y cerrar las lagunas regulatorias que han favorecido este mal.
El presidente destacó que prácticas como la evasión fiscal, manipulación de mercado, contratos inflados y colusión en licitaciones por parte de empresas afectan gravemente la economía y merecen igual atención que la corrupción en instituciones públicas.
Sobre las recomendaciones del NACAC, Ramaphosa enfatizó en su misiva la propuesta para crear un órgano permanente e independiente denominado Oficina de Integridad Pública y Anticorrupción, con mandato para prevenir, investigar y remediar la corrupción sistémica.
Esa iniciativa responde al llamado de la Comisión de Captura del Estado y apunta a atacar la corrupción de raíz.
El reporte del NACAC sugiere además fortalecer la coordinación entre agencias de aplicación de la ley, incorporar inteligencia artificial para prevenir actos corruptos y establecer un marco de intercambio de datos anticorrupción.
El jefe de Estado aseguró además que las propuestas serán revisadas por las instituciones gubernamentales correspondientes para su presentación y discusión en el Gabinete.
En el texto, Ramaphosa reconoció el clamor del pueblo sudafricano por justicia y subrayó los avances recientes de entidades como la Dirección para Investigaciones Prioritarias (Hawks) y la Unidad de Investigación Especial.
En el ámbito internacional, destacó el reconocimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los progresos para sacar al país de la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Aunque la expectativa pública exige más condenas, Ramaphosa reiteró que la batalla contra la corrupción excede el castigo judicial e implica reformas institucionales y culturales profundas para impedir que la corrupción eche raíces en las estructuras estatales y privadas.
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