La Comisión de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que nombra y destituya a jueces y fiscales, solicitó suspender por seis meses a Espinoza, quien suele tener diferencias con Santiváñez y con la JNJ.

La suspensión fue solicitada al pleno de la junta, para que la fiscal deje de ejercer el cargo mientras es objeto de un proceso, el cual terminará muy posiblemente con una sanción mayor por no acatar de inmediatio un dictamen de la JNJ que le ordenó reponer en el cargo a la su antecesora, Patricia Benavides, afín a fuerzas políticas conservadoras.

La acusación se refiere al pedido de precisiones a aspectos no claros de la orden y al hecho de que el Ministerio Público, tras destituir la Junta de Fiscales Supremos a Benavides por presuntos cargos penales y elegir en su reemplazo a Espinoza.

Aquella decisión invocó la legalidad del nombramiento de Espinoza, como ejercicio de la autonomía del Ministerio Público.

El pedido de sanción se anunció ayer, en la misma jornada en la que se conoció laconfirmación por un peritaje oficial que determinó que es su voz la de audios entregados por un oficial de la Policía Nacional, a quien le dijo que la presidenta Dina Boluarte lo había nombrado ministro del Interior con la condición de quye desactive una unidad policial de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción.

Esa unidad había ejecutado la orden de un juez al echar abajo la puerta de la casa de Boluarte, en el marco de una investigación a la mandataria por la posesión de joyas de alto valor no incluidas en su declaración patrimonial.

Santiváñez y la mayoría congresal conservadora imulsan una reforma del sistema de justicia que implica una especie de purga de jueces y fiscales y que la oposición de izquierda y centro considera será en realidad la captura de los organismos de justicia.

Otro entusiasta de la proyectada reforma, el congresista de derecha extrema Fernando Rospigliosi, irritado por el fallo de un juez que ayer rechazó amnistiar a siete militares procesados por crímenes de lesa humanidad durante el llamado conflicto interno (1980-2000), planteó “una limpieza radical” de jueces y fiscales.

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