De acuerdo con el boletín Informe Pastrán, el diseño de este anteproyecto se desarrolla en un contexto económico positivo, respaldado por un aumento sostenido en las recaudaciones fiscales durante el primer semestre del año.

También está respaldado por la aceleración del Plan de Inversión Pública (PIP), una reducción histórica de la inflación y proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el tres y el 4 por ciento para el cierre de 2025.

Entre los principales lineamientos del anteproyecto, se destaca la prioridad de garantizar el financiamiento de los programas sociales emblemáticos, así como el cumplimiento de compromisos y metas establecidos en los planes nacionales, todos ellos directamente orientados al combate estructural contra la pobreza.

Para lograrlo, se informó que todas las instituciones del Estado, en el marco de sus competencias y planes estratégicos, deberán asegurar desde sus asignaciones presupuestarias los recursos necesarios para dar continuidad a las políticas públicas.

La publicación citó a autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes afirmaron que el anteproyecto del Presupuesto 2026 busca proteger la inversión social y fortalecer las políticas públicas que intensifican la lucha contra la pobreza en todo el territorio nacional.

El documento preliminar establece que el gasto público social se mantendrá como un eje central de la política fiscal.

En este sentido, el presupuesto prioriza el acceso gratuito y universal a los servicios de salud, con énfasis en la atención integral y preventiva, así como la garantía de una educación gratuita, inclusiva y de calidad para la niñez, adolescencia, juventud y población adulta.

El enfoque responde a la visión de restitución de derechos y a la participación activa de la comunidad educativa, consolidando un modelo donde el protagonismo de las familias, estudiantes y docentes fortalece los avances en cobertura y calidad de la enseñanza.

Otro elemento importante del anteproyecto es el refuerzo del financiamiento del Programa de Inversión Pública (PIP), considerado el principal instrumento de la política fiscal para dinamizar el empleo, elevar la productividad económica y mejorar la prestación de servicios sociales.

El PIP contempla proyectos estratégicos orientados a la construcción y rehabilitación de infraestructura vial, la expansión de redes de energía y agua potable, la mejora de centros educativos y hospitalarios, así como inversiones destinadas a fortalecer la producción agropecuaria y el desarrollo comunitario.

Según se conoció, el anteproyecto será presentado a la Asamblea Nacional (Parlamento) en las próximas semanas para su revisión y discusión, en cumplimiento con los plazos establecidos por la legislación vigente.

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