Al mismo tiempo, por segunda vez en 48 horas, un juez se negó a aplicar la controvertida amnistía al general jubilado Petronio Fernández Dávila, juzgado por la desaparición de un campesino detenido por militares en enero de 1990.

La mandataria lanzó un mensaje desde el Palacio de Gobierno, respondió a una declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que consideró la amnistía alejada de la justicia y el derecho.

“El Perú, como país demócrata que se rige por sus propias normas, y defiende desde el Ejecutivo el estado de derecho” y, si bien continuará cooperando con instancias como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos será con firmeza y respeto mutuo y “jamás agachando la cabeza”.

Las organizaciones de derechos humanos, y las titulares del Poder Judicial y el Ministerio Público, rechazan la amnistía e invocan la prohibición otorgar esa medida a acusados de crímenes de Estado, establecida por la justicia supranacional a la que está adscrito Perú.

Entretanto, el conocido juez Jorge Chávez se negó a aplicar la amnistía al general jubilado Fernández Dávila, procesado por la desaparición de un campesino detenido por militares en enero de 1990. El exmilitar había solicitado acogerse a la amnistía otorgada por el Parlamento y el Gobierno de mayoría derechista a militares, policías y civiles de grupos de autodefensa inculpados por delitos cometidos durante el llamado conflicto armado que se libró entre 1980 y 2000.

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