Parte de las críticas se basan en que el mandatario insista en destinar alrededor de 60 millones de dólares en una nueva cita en las urnas en vez de emplear ese monto para solventar problemáticas urgentes, como la crisis de seguridad o del sistema público de salud.

“¡Qué ridiculez tan costosa! ¡Una burla a la sociedad ecuatoriana! ¡Un insulto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano y una muestra más de total desprecio por sus auténticas necesidades en salud, educación, seguridad, empleo y bienestar!”, opinió el exvicecanciller Fernando Yépez Lasso.

Si bien la Corte Constitucional ya rechazó algunos de los cuestionamientos sugeridos por Noboa, el gobernante envió la víspera otro bloque de interrogantes, entre ellas una que parecería dedicada al expresidente Rafael Correa (2007-2017), su principal adversario político.

Específicamente la pregunta, que deberá ser evaluada por la Corte, busca prohibir que se use el nombre, la imagen, la voz o el apoyo de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública en campañas políticas o espacios públicos.

Este miércoles, el exmandatario -que fue condenado por «influjo psíquico» en el caso Sobornos- reaccionó a la más reciente iniciativa gubernamental en su cuenta de X, donde catalogó al actual gobernante ecuatoriano como “cobarde y sin escrúpulos”.

“Es lo usual: se presume de lo que se carece. Recuerden cómo también eliminó a Jan Topic. Con Topic en la papeleta, Noboa no llegaba ni a segunda vuelta. ¿Un sujeto así te representa?”, cuestionó Correa.

Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que impulsará una campaña por el “No” a las sugerencias del actual ocupante del Palacio de Carondelet.

Entre las interrogantes que pretende incluir el mandatario está la aprobación de nueva ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional.

En relación con el organismo judicial, el presidente plantea que ese tribunal solamente pueda declarar la inconstitucionalidad de iniciativas presidenciales cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo.

La legisladora Mariana Yumbay, de Pachakutik, brazo político del movimiento indígenas, criticó que Noboa pretenda que la Corte agache la cabeza y haga lo que diga el Ejecutivo.

Para la consulta popular, que el Gobierno quisiera celebrar este mismo año, ya están confirmadas las preguntas sobre la posible reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras, el fin del financiamiento público a partidos, el trabajo por horas en el turismo y la reducción del número de asambleístas.

El jefe de Estado quiere sumar otros asuntos que para él son claves para decidir “si seguimos anclados al pasado o avanzamos hacia un mejor futuro”, pero para muchos sus iniciativas no resolverán los problemas reales de la mayoría de los ecuatorianos.

dfm/avr