El Poder Judicial evalúa el pedido tras escuchar los alegatos de la Fiscalía, que pide la medida ante lo que considera riesgo de fuga de Chávez y con el fin de garantizar su pesencia en el juicio.

La Fiscalía alega que, tras fracasar el intento de Castillo de disolver el Parlamento opoistor, en diciembre de 2022, Chávez intentó buscar asilo en la Embajada de México, país que acogió con ese estatus a la esposa y los hijos del expresidente.

La ex primera ministra, para quien el fiscal pide 34 años de cárcel por rebelión y otros cargos; la misma pena postulada para Castillo, niega el intento de fuga y esgrime como prueba la geolocalización marcada por su teléfono móvil, aunque su chofer de entonces sostiene que le pidió llevarla a la embajada del país azteca.

“Consideramos exagerado el pedido, Betssy Chávez ha demostrado que no existe peligro de fuga” pues quiere afrontar el juicio, que considera injusto.

Chávez permaneció presa desde junio de 2023, en virtud de una orden judicial de prisión preventiva de 18 meses, que el Poder Judicial renovó después de transcurrido ese tiempo, irregularidad por la que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su libertad.

El TC, además, indicó al Poder Judicial que tome medidas para garantuzar que sea enjuiciada, lo que implica una especie de libertad provisional o libertad con restricciones.

De otro lado, en una nueva audiencia del juicio al expresidente Castillo, el exmandatario emplazó al Gobierno a demostrar qué arma empuñó cuando decretó la disolución del Parlamento,lo que fue desacatado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que, por el contrario, lo detuvo y el Legislativo lo destituyó.

El exgobernante planteó el reto al Gobierno basado en el argumento central de su defensa, según la cual el Código Penal precisa que cometen delito de rebelión quienes en corma colectva se alzan en armas contra el Estado.

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