De acuerdo con el titular, el cinco por ciento de la producción de crudo, alrededor de 128 millones de dólares, se estanca por falta de acuerdos con las comunidades que alegan verse afectados por la producción hidrocarburífera.

“En este país no puede seguir pasando que tengamos municipios productores de petróleo sin acueducto porque se robaron las regalías. Esa realidad explica los conflictos.

A las empresas históricamente no les gusta el diálogo, les incomoda ceder espacios de poder, espacios en los que la gente pueda escuchar y hablar,” declaró Palma.

Además de frenar pérdidas millonarias en el sector petrolero y priorizar las negociaciones con la ciudadanía, la estrategia incluye la creación de gerencias regionales de hidrocarburos, que actuarán como mediadoras permanentes entre los asentamientos, las empresas y el Estado, para evitar bloqueos y el deterioro de la confianza en el sector.

“Nuestro compromiso es que las comunidades sean coorganizadoras de los proyectos energéticos, no simples espectadoras”, remarcó.

Aseguró que las nuevas medidas forman asimismo parte de un cambio estructural en el modelo energético donde se incluye el impulso al programa Colombia Solar, que estimula a los ciudadanos para generar su propia energía, y a los planes para que los hogares más vulnerables no paguen factura eléctrica.

Palma también mencionó una reforma a la industria del etanol, que busca abrir oportunidades para el ámbito agrícola.

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