Una declaración del Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales califica esa posición de “acto de vileza injerencista, como vagón de cola de la política de guerra de la Casa Blanca, en sus maniobras de asedio y hostilidad con las que intenta derrocar al gobierno constitucional, democrático bolivariano”.

“¿Qué artículo de la Carta Magna Nacional o de la normativa que rige las funciones legislativas, establece una jurisdicción extraterritorial intrusiva del poder legislativo?, se pregunta la institución adjunta al Círculo Bolivariano Yamileth López, en un texto al que tuvo acceso Prensa Latina.

El ente de investigaciones sociales consideró como “lo más grave” que esa posición “violenta el derecho público internacional, que establece la no intromisión en los asuntos internos de otros Estados y el derecho de las naciones a la autodeterminación”.

La declaración del Centro de Estudios Sociales tico critica a la Asamblea Legislativa por las excusas, falsedades comprobadas y subterfugios para la justificación de una guerra canalla, fratricida y cobarde con la pretensión de derribar a un gobierno legítimo, destruir un Proyecto de Estado independiente y soberano y, masacrar a una nación.

“Es inaceptable e indignante para el pueblo costarricense –añade- la confabulación de fracciones legislativas y diputados, con individuos de dudosa procedencia, grupos terroristas mercenarios, agencias contrarrevolucionarias e injerencistas de la peor calaña para convertirse en correas del terrorismo financiado desde el norte imperialista”.

“¿Donde queda entonces –cuestiona la declaración- el discurso y la fanfarronería oficialera alrededor de un país con una consolidada democracia, remanso de libertad y paz, que declarara una neutralidad perpetua, y promotor del diálogo internacional como solución a controversias y choques entre países beligerantes?

lam/apb