Moya explicó en un video compartido en redes sociales, donde aparece junto a otras autoridades, que los recursos se redireccionarán hacia programas destinados a “cerrar brechas sociales y dinamizar la producción”.
La decisión permitirá generar un ahorro de mil 100 millones de dólares al año que será distribuido a otros sectores que sí lo necesitan, indicó la ministra.
El precio de ese combustible actualmente es de 1,80 dólares por galón y subirá a 2,80 dólares por galón, de acuerdo con el decreto ejecutivo 216 firmado por el presidente Daniel Noboa.
De acuerdo con la normativa ese valor se aplicará desde mañana 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre, luego variará en dependencia de otros factores, entre ellos los costos en el mercado internacional.
Ante la nueva medida, que grupos sociales advierten que constituirá un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos, el Gobierno divulgó otras decisiones.
El titular de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, aseguró que no habrá alza de pasajes “ni un solo centavo”, pues los choferes recibirán un bono de entre 400 y mil dólares mensuales como compensación.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, anunció que se ampliarán los beneficios sociales luego de que 55 mil nuevas familias en situación de vulnerabilidad reciban el Bono de Desarrollo Humano.
Asimismo, Burbano dio a conocer que comenzó la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los adultos mayores y constructores, «medida que generará empleo y mueve la economía”.
En tanto, el titular de Agricultura, Danilo Palacios, informó que el Ejecutivo creará el Bono Raíces, mediante el cual pequeños productores recibirán mil dólares directos en su cuenta.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ajustó los subsidios a los combustibles en junio de 2024 y este año las gasolinas de bajo octanaje Extra y Ecopaís, las más utilizadas, han aumentado de precio en varias ocasiones y, de hecho, este viernes subieron una vez más.
Medios locales recordaron que el subsidio al diésel es un beneficio que estaba vigente en el país desde 1974 y varios gobiernos intentaron eliminarlo sin éxito.
Ahora, analistas y ciudadanos reconocen que la decisión responde a intereses del Fondo Monetario Internacional y advierten que se elevará el costo de la vida.
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