El valor del diésel pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón, una medida que fue anunciada la víspera por la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, como parte de una política de ajuste destinada a “cerrar brechas sociales”.

Sin embargo, las críticas apuntan a que la medida responde a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e impactará directamente en el costo de vida.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lideró paros contra gobiernos anteriores por intentar eliminar los subsidios, afirmó en un comunicado que la decisión encarecerá de inmediato la canasta básica, el transporte y la producción campesina.

“El Gobierno de (Daniel) Noboa demuestra que no le importa el pueblo. Sacrifica la vida, la salud y la educación para cumplir con el FMI”, señaló la organización, que anunció asambleas permanentes y la activación de sus mecanismos de resistencia.

Para la Conaie, los bonos que anunció el Ejecutivo como medidas para disminuir el impacto del aumento del precio del diésel, “son migajas temporales, incapaces de resolver la crisis estructural ni la desigualdad”.

El movimiento Pachakutik señaló que “el mandatario hizo gala de su capacidad para la seducción y el engaño: al día siguiente de protagonizar en Guayaquil una marcha ofreciendo paz y justicia, eliminó el subsidio del diésel.

En la misma línea, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) advirtió que el incremento repercutirá en el transporte público, aunque el titular del sector, Roberto Luque, dijo que “no subirá un centavo”.

“El gobierno de Noboa se ha caracterizado por engañar al pueblo ecuatoriano”, señaló la FEUE, que convocará a movilizaciones la próxima semana.

Desde la Asamblea Nacional, legisladores opositores también criticaron la medida.

La asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC), sostuvo que se trata de la “agenda del neoliberalismo en la región: recortes para el pueblo, privilegios para las élites”.

Su colega de bancada Mónica Palacios reprochó que Noboa no anunciara personalmente la decisión y la atribuyó a presiones del FMI.

El parlamentario andino Virgilio Hernández, por su parte, opinó que “este país está gobernado por el FMI, lo demás son cuentos”.

En redes sociales, ciudadanos recordaron que durante la campaña electoral Noboa había prometido aliviar el costo de los combustibles.

Ahora, con la eliminación del subsidio al diésel y el alza progresiva de la gasolina Extra y Ecopaís bajo el sistema de bandas, el Gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el impacto social de su política económica.

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