Según reportes en medios locales, sus asesores le advirtieron que enviar soldados de la Guardia Nacional con ese objetivo sin el respaldo del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, podría generar problemas en cortes que en este momento tratarían de evitar.

Trump dice que tiene la facultad de mandar a la Guardia Nacional donde lo considere necesario, pero prefirió ahora centrar su atención en la ciudad de Memphis, en Tennessee, ya que la urbe, de mayoría demócrata, y en particular, el gobernador republicano del estado, Bill Lee, desean la ayuda federal.

El mandatario ya expresó antes su intención de avanzar en otras ciudades demócratas como Baltimore y Nueva York.

Las encuestas arrojan que, aunque los votantes en general desean una reducción del crimen, muchos no necesariamente creen que enviar soldados a las ciudades las haría más seguras.

Un reciente artículo de Democracy Now opinó que los tribunales estadounidenses están demostrando ser “un importante contrapeso frente al afán de Trump por alzarse con el poder absoluto”.

El material menciona que durante el fin de semana del Día del Trabajo (1 de septiembre), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos intentó iniciar la deportación de unos 700 menores guatemaltecos no acompañados.

Pero una solicitud emergencia ante la corte federal de Washington DC frenó ese propósito cuando la jueza Sparkle Sooknanam dictó una medida cautelar que suspende las deportaciones hasta que los menores puedan acceder a las audiencias de inmigración a las que legalmente tienen derecho.

Mientras tanto, en Texas, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, considerado el más conservador del país, dictaminó que Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar personas, precisa el escrito.

El ocupante del Despacho Oval también enfrenta litigios en materia de aranceles. El Tribunal de Apelaciones aquí determinó que las tarifas impuestas por Trump en lo que él denominó el “Día de la Liberación” eran ilegales e inconstitucionales y señaló que solo el Congreso tiene la autoridad para decidirlos.

Mientras en California, un juez federal invocó la Ley Posse Comitatus, una legislación promulgada en 1878 que prohíbe el uso de personal militar en tareas de orden público y seguridad interior, para fallar a favor del gobernador del estado, Gavin Newsom, y declaró ilegal la orden de Trump de desplegar la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles.

Estos son solo algunos de los fallos recientes que le han puesto un freno a Trump y a su intento de subvertir la Constitución, apuntó la publicación.

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