De acuerdo con un comunicado de esa entidad, la empresa seleccionada para realizar la inspección es la multinacional suiza SGS, líder mundial en servicios de Auditoría, Inspección y Certificación.
«SGS cuenta con más de 145 años de experiencia, además de que opera en más de 115 países a nivel global y ha sido aliada estratégica de gobiernos, industrias y organizaciones para alcanzar los más altos estándares de calidad, cumplimiento y sostenibilidad» cita la nota.
El monto del contrato es de 539 mil 791.46 dólares y el mismo deberá realizarse en un periodo de seis meses más dos de liquidación, precisó la cartera.
Entre los compromisos que deberá asumir la compañía contratada está realizar esta auditoría bajo un enfoque estructurado, detallado y organizado, que asegure que presten atención a áreas críticas para la gestión laboral, social, ambiental y operativa del proyecto.
«La auditoría integral del proyecto Mina Cobre de Panamá representa un mecanismo indispensable para que el Estado cumpla con sus responsabilidades en la sostenibilidad del uso de los recursos naturales, determinación de los aportes económicos y sociales, la protección del ambiente, así como la defensa de los intereses nacionales» afirmó el Ejecutivo.
El 27 de noviembre de 2023, tras meses de intensas protestas populares que paralizaron al país, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato que permitía a la trasnacional canadiense First Quantum y su subsidiaria Minera Panamá operar la mina de cobre, lo que desencadenó su cierre inmediato.
El gobierno de entonces de Laurentino Cortizo(2019-2024) anunció el inicio del proceso de “cierre ordenado y seguro” de la operación.
El actual presidente José Raúl Mulino, por su parte, descartó promover un nuevo contrato-ley para la mina, aunque abrió la puerta a una asociación del Ejecutivo con una empresa que administre.
A saber, dentro de la mina quedaron unas 120 mil toneladas de concentrado de cobre, que desde el pasado julio han ido exportándose en buques.
El jefe de Estado informó en marzo pasado que había autorizado tanto la exportación del concentrado de cobre como la importación de carbón desde Medellín, Colombia, para reactivar una planta termoeléctrica de 300 megavatios e incorporar su producción a la entidad que abastece al país de energía.
De igual manera, First Quantum suspendió millonarios arbitrajes contra el Estado panameño, una condición hecha por el mandatario para comenzar las conversaciones sobre el futuro de la mina, de las cuales no se ha informado de manera oficial.
Estadísticas de la empresa señalan que la mina de cobre, la mayor en la región a cielo abierto, representaba casi el cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación centroamericana.
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