“Hay que entender que estos informes y las recomendaciones no se hacen a uno de los órganos del Estado, sino al Estado boliviano”, afirmó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
Aseguró que, por eso, por ejemplo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que debe existir la voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que se generen los procesos necesarios y se haga justicia.
Entrevistada por el canal estatal Bolivia TV precisó que se trata de que las víctimas “puedan obtener justicia”.
Remarcó que se impone hacer justicia a las más de 30 personas que perdieron la vida por impactos de bala cuando militares y policías fueron movilizados para reprimir en Senkata, Ciudad de El Alto, y Sacaba, Cochabamba, a quienes protestaban en demanda del restablecimiento del orden constitucional, tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
“Hablamos de vidas humanas y creemos que es importante no dejar precedentes nefastos dentro de nuestra historia y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir”, enfatizó Saravia.
La CIDH y la ONU Derechos Humanos en América del Sur advirtieron el viernes último del riesgo de impunidad en ambas masacres ante fallos judiciales que dejaron en libertad a policías y militares sindicados por los crímenes de 2019.
Tras una instrucción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, los procesos contra la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020) por esas masacres fueron anulados y llevados a juicio de responsabilidades, a pesar de su tratamiento penal durante cuatro años.
Esos expedientes penales se abrieron a partir del informe de un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), tras realizar una investigación in situ en Bolivia y contar con la información correspondiente.
Tras constatar que existieron ejecuciones sumarias que clasifican como masacres, encarcelamientos masivos, torturas y violaciones de los derechos humanos, el GIEI recomendó al Estado boliviano realizar los procesos de investigación y sanción correspondientes.
Saravia reiteró que, si las recomendaciones de la CIDH no son atendidas por el Estado, las partes pueden acudir a ella y la Corte Interamericana puede sentenciar a Bolivia a pagar una indemnización.
Subrayó que las recomendaciones de estos organismos son compromisos internacionales que Bolivia asume como país, lo cual involucra a todas las instituciones del Estado, además de aclarar que en el inicio de estos procesos fue el Órgano Judicial el que determinó la vía que seguirían.
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