Según la organización, las cifras coinciden con informes de jueces de garantías penitenciarias y de la Defensoría del Pueblo que documentan vulneraciones a los derechos a la alimentación, la salud y la rehabilitación en centros bajo control militar.
El CDH recordó que, durante una visita de verificación el pasado 22 de abril al Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1, en la Penitenciaría del Litoral, constataron un “trato incompatible con la dignidad humana”.
Testimonios recogidos por el Comité señalan que situaciones similares ocurren en las cárceles de Esmeraldas y Cotopaxi, donde los presos han denunciado la negación de atención médica, visitas familiares, alimentación adecuada y actividades de rehabilitación.
🗣️#Pronunciamiento CDH denuncia 394 personas privadas de libertad fallecidas en cárceles de Guayaquil durante el 2025, resultado de la ocupación militar.
Exigimos la declaratoria de emergencia del Sistema de Rehabilitación Social. #CrisisCarcelaria pic.twitter.com/2UBszJRvWR
— CDH.GYE (@CDHGYE) September 15, 2025
La organización sostuvo que el modelo penitenciario impuesto desde marzo de 2024 “ha producido más muertes anuales que las masacres carcelarias” y ha incrementado los casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, encargadas de la administración de los recintos.
El CDH responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa y a las autoridades penitenciarias por lo que calificó como “muertes evitables y condiciones inhumanas de detención”.
La organización demandó que la emergencia se aplique de manera prioritaria en los centros de Guayas N.º 1 y 7, Esmeraldas y Cotopaxi, con la restitución inmediata de servicios básicos de salud, alimentación, visitas y programas de rehabilitación.
Advirtieron que por su “escala, repetición y conocimiento estatal”, estos hechos podrían constituirse en crímenes de lesa humanidad, por lo que continuarán activando acciones legales de carácter penal y constitucional.
El Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM), en referencia al llamamiento del CDH, corroboró los graves retrocesos en materia de derechos y garantías en el sistema penitenciario ecuatoriano.
Desde la visita a Ecuador, en febrero del 2006, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, la política pública sobre prisiones y los derechos humanos de las personas privadas de libertad ha sido pendular, señaló el CSMM.
De acuerdo con ese colectivo, entre los factores que han convertido a las prisiones ecuatorianas en verdaderas “bombas de tiempo” están la corrupción en la gestión de prisiones, la militarización, la presencia y el control de los centros por parte de los grupos de delincuencia organizada, una asignación presupuestaria insuficiente, y otros factores.
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