El audiovisual, preparado por el Centro de Investigación y Docencia, y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales(Frenadeso), muestra el atropello de huelgas y manifestaciones en contra de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social y la intención del Gobierno de José Raúl Mulino de disolver sindicatos como el de los obreros de la construcción.
Según la muestra sobre lo que denominan «guerra jurídica», los principales lideres de ese gremio como Saúl Méndez, Jaime Caballero, Genaro López o Erasmo Cerrud, han sido víctimas de la persecución política que incluso ha puesto en riesgo la vida de algunos de ellos que han encontrado refugio en embajadas o en el exilio en otros países.
El pasado 23 de abril y durante más de dos meses, organizaciones docentes, constructores y del sector bananero, entre otros, realizaron un paro para a exigir la derogación de la norma de pensiones y en rechazo además a un memorando sobre seguridad suscrito por el Ejecuto con Estados Unidos, lesivo a la soberanía, según denuncias, pues permite el establecimiento de bases militares, bajo el pretexto de la defensa del Canal.
Las protestas también rechazaron los planes de reactivación de una mina de cobre administrada por la trasnacional canadiense First Quantum y cuya concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023.
En el documental se citan declaraciones de personalidades como el papa Juan Pablo II quien asegura que en el Lawfare todo empieza y abre camino los medios de comunicación que aportan elementos a la ciudadanía de delitos que no existen.
También el audiovisual recuerda otros planes con el consenso de Washington para atentar y derrocar gobiernos democráticos en la región como en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Honduras, Cuba y Venezuela, entre otros.
A los realizadores ofrece declaraciones el presidente del Centro para Los derechos Civiles y Políticos, con sede en Ginebra, el tico Víctor Rodríguez Rescia, quien indica que la lucha contra el Lawfare debe venir de la ciudadanía; y además defiende el derecho de los pueblos a reclamar sus derechos elementales.
Rodríguez Rescia, de 61 años, también presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos de San José, la capital costarricense, aboga además por la vía del diálogo nacional, al que o se pueden negar los gobiernos, subrayó.
En el documental se refleja además que debido a la actual crisis social por la que atraviesa el país, se han presentado denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, donde Panamá aparece entre las 25 naciones violadoras de la libertad sindical.
Además expresan su solidaridad con los trabajadores del país centroamericano dirigentes de la Confederación Sindical Mundial como el brasileño Rafael Freire, el argentino Marcelo Di Estefano, la eurodiputada francesa Marina Mesure y el Secretario General de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) Ambet Yuson.
La pasada semana, luego de cancelar la personería jurídica de la Cooperación de Servicios Múltiples del sindicato de la construcción, comenzaron a desvalijar sus instalaciones en esta capital, acción que aseguran es potestad de la Comisión Liquidadora, instancia que actualmente ejerce la representación legal de la entidad.
El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo destacó que la liquidación de la Cooperativa del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares fue el resultado del agotamiento de la vía gubernativa, tras detectarse hallazgos en auditorías que obligaron a aplicar medidas bajo un enfoque de riesgo y transparencia financiera, lo cual niegan sus representantes.
mem/ga
