“La anulación de procesos judiciales contra los golpistas, ordenada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, y obedecida por jueces sin independencia, constituye un grave retroceso en la búsqueda de justicia”, escribió Morales en su cuenta de X.
Crítico del Gobierno del mandatario Luis Arce, Morales denunció que el Ejecutivo no cumplió las recomendaciones internacionales de “investigar, sancionar y reparar a las víctimas”.
Subrayó que el exministro de Justicia Iván Lima pidió indulto para los autores de las masacres, lo que derivó en su liberación por un presunto pacto de impunidad con la derecha boliviana.
Recordó Morales que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) documentó en 2019 al menos 20 muertos y decenas de heridos, y la ONU en 2020 confirmó el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar bajo el Decreto Supremo 4078, firmado por (Jeanine) Áñez y sus ministros para reprimir al pueblo.
Las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba denunciaron que no fueron notificadas sobre las resoluciones judiciales que anularon los procesos contra policías y militares implicados, lo que consideran una vulneración y un retraso en el trámite de juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.
Este domingo, el representante de las asociaciones de Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, David Inka, informó que ambos directorios determinaron cumplir con el procedimiento interno de juicio de responsabilidades, requisito indispensable antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Sin embargo, denunció que no pueden hacerlo porque el Tribunal de Sentencia número Cuatro de El Alto y el Primero de Sacaba no le entregan las sentencias que declararon la nulidad de los procesos por violaciones de derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
“Para Jeanine Áñez, en 24 horas han hecho aparecer las órdenes de libertad, pero para las víctimas de Senkata y Sacaba, estos dos tribunales no nos entregan el documento”, sostuvo el activista durante una entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv.
Explicó que esas dos sentencias se necesitan para entregarlas al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a fin de que inicie de oficio la proposición acusatoria para los juicios de responsabilidades.
“Para unos hay celeridad en la documentación judicial y para otros, la mayoría para las víctimas, no hay esa celeridad. Esa también es una denuncia que presento”, enfatizó Inca.
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