La gobernadora Jenniffer González estableció que, junto al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el secretario de la Gobernación Francisco Domenech, alcanzó ahorros significativos para la compra de gas natural licuado.
Este acuerdo, sometido a la JSF para su aprobación final, establece protecciones a los intereses de Puerto Rico, incluyendo ahorros y la eliminación de la cláusula de exclusividad en el uso de la terminal de New Fortress Energy (NFE), en la bahía de San Juan.
“Nuestra política pública se centra en acciones directas y transparentes a favor del pueblo; con la protección de los intereses del pueblo como norte anunciamos que luego de un proceso de negociación exhaustiva se logró modificar sustancialmente el acuerdo con NFE, el cual provee marcados ahorros al erario y mayores protecciones a la gente”, comentó la gobernadora.
El contrato original propuesto por NFE, con fecha del 28 de junio de 2025, tenía una extensión de 15 años, con disposiciones de exclusividad, que representaban un costo estimado de 20,1 mil millones de dólares, por lo que la junta fiscal forzó una nueva negociación.
Tras negociaciones este pasado 12 de septiembre de 2025 se logró un nuevo borrador de acuerdo que reduce el costo estimado total a aproximadamente 4 mil millones de dólares, recorta la duración a siete años, con opción de tres años adicionales, elimina las cláusulas de exclusividad.
Además, establece precios competitivos, ajusta las cantidades de compra mínima a niveles certificados por Genera Puerto Rico y validados por el equipo técnico, e inserta un acuerdo de peaje que permite al Gobierno la utilización del terminal de gas natural ubicada en San Juan en caso de que NFE se vea impedido de suplir el combustible.
Según el gobierno, el acuerdo negociado reduce costes, con un ahorro estimado de 16 mil millones de dólares frente al contrato original, además de una duración más flexible: de 15 años a siete años, con una opción de tres años adicionales.
“Este borrador representa un cambio decisivo a favor de Puerto Rico. Hemos logrado proteger al consumidor y al erario, al mismo tiempo que preservamos flexibilidad energética y fiscal”, apuntó la gobernadora González.
La evaluación del acuerdo pasó a manos de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, la cual tendrá a su cargo el análisis y determinación final sobre su validez y viabilidad fiscal, conforme al marco de la Ley Promesa.
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