La funcionaria afirmó en entrevista con el canal Teleamazonas que el Ejecutivo no permitirá que los recursos destinados a políticas sociales sean entregados a los traficantes de combustible y a quienes practican minería ilegal.

A pesar de insistir en que no habrá marcha atrás con la decisión, señaló que el Gobierno no ha cerrado las puertas al diálogo y realiza mesas de trabajo sobre el tema, específicamente con los transportistas.

Rovira rechazó los bloqueos de carreteras que en los últimos días interrumpieron vías claves del país como protesta ante el incremento del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Según la ministra, esas acciones constituyen un delito y son protagonizadas por grupos vinculados al tráfico de combustibles, pero “se les acabó el negociado”.

Ante el fin del subsidio, la administración de Daniel Noboa inició un programa de incentivos para transportistas, a quienes entregará un bono de compensación de entre 400 y mil dólares durante ocho meses para evitar alza de pasajes y fletes de carga.

Según cálculos oficiales, la suspensión del beneficio supondría para el Estado un ahorro de mil 100 millones de dólares.

No obstante, grupos sociales como indígenas y sindicatos advirtieron que eso es una medida temporal y a la larga se elevará el precio de la canasta básica y el costo de la vida en general.

El asambleísta Héctor Rodríguez, de la Revolución Ciudadana, advirtió que “provocará una inflación entre el seis y el 18 por ciento que se reflejará en los precios finales de los productos”.

En medio del descontento, con bloqueos de carreteras y movilizaciones populares ya programadas para esta semana y la próxima, el mandatario trasladó la sede del Ejecutivo fuera de Quito, a Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, y emitió un nuevo decreto de estado de excepción.

rc/avr