A ello pareció aludir tácitamente el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Perez, hasta ayer defensor a ultranza de la prohibición del adelanto incluida en el reglamento de una nueva ley de pensiones, algo acorde con la posición de las cuestionadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Al manifestar su conformidad con el golpe de timón de la presidenta Dina Boluarte del domingo último, afirmó que la vuelta en reversa se produjo tras un análisis de la coyuntura y de las expectativas y necesidades de los aportantes a las AFP.

Parte importante de la coyuntura fue la combativa y numerosa marcha que el sábado último, con gran participación de jóvenes, se pronunció a favor de una nueva devolución parcial de fondos de jubilación individual, reconociendo que estos son propiedad de cada aportante.

El analista neoliberal Mario Saldala criticó al gobierno por responder a la presión de «unos cientos de jóvenes», tratando de minimizar la movilización, como hicieron la mayoría de los medios de comunicación.

Otro analista político, Omar Awapara, consideró preocupante una eventual reactivación de protestas que pueden afectar al proceso electoral en marcha, si bien el fragor de las campañas aun no comienza.

Al cambio de posición gubernamental se sumaron bancadas parlamentarias que impulsaron y votaron por la nueva ley de pensiones y que ahora plantean derogarla antes de su puesta en vigencia para elaborar otra.

El giro puede deberse a la marcha del sábado, que no solo rechazó la legislación más favorable a las AFP que a los futuros pensionistas sino que expresó su rechazo a la presidenta Boluarte y al Parlamento y exigió seguridad ante el desborde del crimen organizado; sino también al costo que puede tener una medida impopular a la hora de las urnas.

Esa demostración de descontento coincidió con la toma estudiantil de la Universidad Mayor de San Marcos, decana de América, por demandas académicas y con mayor participación de lo usual del alumnado.

Casi al mismo tiempo, se inició el bloqueo por demandas sociales, del acceso ferroviario al santuario inca de Machu Picchu (mayor atractivo turístico del país), en la surandina región de Cusco y avanza a Lima una caminata de mineros informales en demanda de lo que consideran sus derechos.

La presidenta Boluarte pareció aludir con molestia hoy, en un discurso en la inauguración de una obra de prevención de inundaciones en la periferia de Lima.

“Algunas voces pequeñas que todavía quieren levantar a la población contra un gobierno que trabaja decididamente; algunos que quieren utilizar a la población” desinformándola, dijo.

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