Retiro de aval en lucha antinarcóticos genera rechazo en Colombia

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Bogotá, 16 sep (Prensa Latina) La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas genera hoy múltiples reacciones de rechazo tanto en el Gobierno como de sectores progresistas del país.

El anuncio lo hizo en la noche de ayer el presidente Gustavo Petro quien, además de lamentar el sacrificio en vidas humanas que el combate a los narcóticos significa para la nación, consideró que la medida implicaría menos dependencia de los dictámenes de Washington.

“Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, se acabó eso, ya no más policías muertos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares, del armamento de los Estados Unidos”, afirmó.

Posteriormente respondió a un mensaje divulgado en redes social por el embajador estadounidense en esta capital, donde se lee que “bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos”.

La reacción del mandatario no se hizo esperar y calificó el pronunciamiento como una “mentira fáctica”.

“El crecimiento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), y con fumigación forzada. Es la política de Estados Unidos la que ha fallado”, aseveró.

Añadió que para disminuir los cultivos de hoja de coca se necesita reducir la demanda de cocaína por parte del país norteño y de Europa, y no de la fumigación con glifosato desde avionetas como exigen desde la nación del norte.

El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) consideró por su parte que la decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva.

“Es ilegal porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad”, expresó.

También catalogó la medida de política porque el otorgamiento o retiro del aval suele convertirse en una herramienta usada para castigar a países que no obedecen a Estados Unidos.

“Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucional se la descertifica cada vez que el gobierno de Colombia aparece como «enemigo» del gobierno de Estados Unidos”, estimó el exmandatario.

Asimismo, el senador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico Iván Cepeda consideró que la medida solo confirma el fracaso de la guerra global contra la droga impuesta por Washington. Coincidió con Samper de que se trata de una respuesta con tintes políticos.

“Se trata de una decisión política que refleja, una vez más, la doble moral de las potencias frente a un problema global. Mientras el consumo de drogas sigue creciendo, las ganancias del narcotráfico irrigan sus sistemas financieros, y las redes transnacionales del crimen se fortalecen”, afirmó en sus redes sociales.

Remarcó que su nación continúa pagando el precio más alto: miles de vidas perdidas, billones en recursos públicos dilapidados y una profunda degradación institucional.

“Es hora de que Estados Unidos asuma su responsabilidad en esta guerra fallida, que por décadas ha descargado sus consecuencias más destructivas sobre los países que, como Colombia, han sido víctimas y no autores ni usufructuarios del problema”, expresó.

La determinación de retirar la certificación en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico ubica a Colombia en la lista de naciones que Washington califica como de “no cooperantes”, y en la que hoy se hallan países como Bolivia, Birmania y Venezuela.

Esta es la primera ocasión en la que se descertifica a la nación neogranadina desde 1996.

El presidente de Colombia difiere en cuanto a los métodos defendidos por el gobierno de Donald Trump en lo referido a la lucha contra los estupefacientes y así lo manifiesta públicamente.

No obstante, de acuerdo con lo anunciado con Petro la víspera, no se espera la imposición de sanciones económicas tras la medida.

jha/ifs

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