El funcionario Reimberg recordó en entrevista con el canal Ecuavisa que existe un estado de excepción vigente en siete provincias que prohíbe aglomeraciones que afecten servicios públicos, aunque permite manifestaciones pacíficas.

Afirmó que la Policía Nacional tiene la indicación de desbloquear carreteras y en caso de no llegar a acuerdos mediante el diálogo, la orden es dispersar a los manifestantes para restablecer la movilidad.

Algunas vías de Ecuador están bloqueadas este miércoles por tercer día consecutivo como protesta de los transportistas ante la medida que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Según el reporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, esta mañana habían vías cerradas en las provincias de Carchi y Pichincha, sin embargo, las Fuerzas Armadas informaron que realizaron operativos para despejarlas y permitir el tránsito.

Ese fue el caso de la Panamericana E-35, en el norteño territorio de Carchi, que fue habilitada por los militares, «con el empleo de armamento no letal».

Las autoridades anunciaron la entrega de compensaciones en efectivo para los transportistas y otros programas de apoyo social para mitigar el impacto de la reforma a los combustibles.

No obstante, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) advirtió que el transporte público subirá una vez que terminen las compensaciones, dentro de ocho o 12 meses.

El Ejecutivo defendió la eliminación del subsidio como una forma de ahorro de mil 100 millones de dólares y aunque inició la entrega de las compensaciones, grupos sociales advirtieron que eso es una medida temporal y a la larga se elevará el precio de la canasta básica y el costo de la vida en general.

Representantes de organizaciones sociales afirman que el fin del subsidio forma parte de los recortes impulsados por Noboa para reducir el déficit fiscal y cumplir con los objetivos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien Ecuador mantiene un acuerdo crediticio.

En medio del descontento, con bloqueos de carreteras y movilizaciones populares, Noboa trasladó la sede del Ejecutivo fuera de Quito, a Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, y emitió un nuevo decreto de estado de excepción.

Por otra parte, el ministro del Interior descartó la posibilidad de que se produzcan movilizaciones masivas comparables con las de 2019 y 2022 lideradas por el movimiento indígena contra políticas neoliberales de los entonces presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

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