En la misiva, los jefes ediles explicaron que la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural constituye “la única esperanza” de las comunidades para contar con obras físicas.
Subrayaron especialmente temas de agua y saneamiento, salud, educación e infraestructura vial, priorizadas por los vecinos, mientras solicitaron una reunión con el mandatario para establecer una agenda de trabajo y cooperación mutua.
Después de una reunión esta mañana, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, entregó el texto en la sede del Ejecutivo.
Durante la entrega, denunció que gobernadores departamentales amenazaron a algunos de ellos para evitar que acudieran a la capital a presentar el reclamo.
Al consultarse a la actual administración del Estado sobre estas declaraciones, respondió que lastimosamente el alcalde de Santa Catarina Pinula se ha caracterizado por instrumentalizar la política municipal en el país.
Rechazó categóricamente la afirmación de Siero y tildó de irresponsables e infundadas las palabras de este a los medios.
Tras encuentro en el legislativo, el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, aseveró que el Decreto 7-2025 tiene elementos que podrían ser inconstitucionales.
Negó que sea una norma que pueda sancionarse, solo que va a tocar hacer recomendaciones.
El jefe de Estado expresó la víspera que recibieron la iniciativa, siguen el proceso de análisis y en el momento oportuno informarán la decisión de su veto o sanción.
Mientras diferentes sectores criticaron el decreto y manifestaron preocupaciones, con 36 votos a favor y 96 en contra el Parlamento desaprobó hace ocho días las nueve objeciones presentadas por diputados oficialistas.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, por ejemplo, recomendó a Arévalo vetar el Decreto 7-2025 ya que debilita los controles sobre el gasto ejecutado por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Dijo que debilita los mecanismos técnicos de vigilancia del avance físico y financiero de las obras, lo que podría afectar la transparencia y la calidad de la inversión pública.
Analistas consideraron que el Gobierno tiene una herramienta para dar respuesta urgente a proyectos locales; sin embargo, esta le podría generar un fuerte desgaste institucional y reputacional.
Con la Ley buscan permitir que los Codedes usen los recursos no ejecutados en 2024 para continuar proyectos que quedaron pendientes por razones administrativas o técnicas.
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