El documento, presentado por el magistrado Altus Baquero, permitiría que se integren únicamente el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista, pero con la omisión de la asociación política del mandatario por presuntas irregularidades internas relacionadas con el quórum que dio su beneplácito para la unificación.

Tampoco se sumaría por el momento a la fusión Progresistas, integrado por la senadora María José Pizarro, y los representantes Heráclito Landínez y David Racero, quienes se separaron del Movimiento Alternativo Indígena y Social.

Esto, según alegó el CNE, porque la propia personería jurídica de Progresistas aún no está del todo resulta.

La aprobación por el CNE de la ponencia tal y como está, implicaría desafíos para las fuerzas de izquierda, que pretendían llegar como un frente unido a los comicios de 2026 tanto para el Congreso como para la Presidencia. La presidenta de Colombia Humana, la senadora Gloria Flórez, estimó que otorgar la personería jurídica al Pacto dejando a la asociación del jefe de Estado fuera busca fracturar la unidad.

“Quieren impedir que se consolide el Pacto Histórico como el partido más grande de Colombia. Vamos a defender la unidad a toda costa. No permitiremos que nos quiebren y que se cercenen los derechos políticos de nuestro movimiento y del pueblo colombiano”, escribió en su cuenta de la red social X.

El también congresista Alirio Uribe manifestó por su parte que la intención del órgano electoral es dividir a las fuerzas que hoy conforman la coalición.

A estas denuncias se suma el rechazo a las maniobras dilatorias empleados por el CNE para dar luz verde a la fusión y que fueron calificadas por el representante a la Cámara Gabriel Becerra como un golpe a la democracia.

En un artículo publicado en el Semanario Voz, del Partido Comunista, expuso que el Pacto Histórico cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley, radicó oportunamente su solicitud y, sin embargo, el CNE lleva dos meses sin decidir, cuando el plazo máximo es de 30 días.

Mencionó que ese incumplimiento vulnera el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho fundamental a la participación política.

“El Pacto Histórico es la principal fuerza política, respaldada por millones de votos en 2022, que conquistó el derecho a consolidarse en una colectividad única y con voz propia. Negarle su personería jurídica es una forma de invisibilizar a amplios sectores sociales y populares que exigen representación efectiva en las instituciones”, refirió.

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