La decisión fue confirmada por Boulos a través de la red social X.

El procedimiento busca determinar si el parlamentario incurrió en conductas sancionables con destitución, entre ellas coacción de la justicia y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

Tal litigio tendrá una duración inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga por igual período.

La investigación incluye una fase de instrucción administrativa, que contempla la recolección de pruebas, la presentación de defensa y un informe final, antes de pasar al juicio interno.

Según la denuncia presentada por Boulos en julio, el descendiente del exmandatario violó el marco legal aplicable a los servidores públicos federales, al orquestar sanciones del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Brasil y miembros del Supremo Tribunal Federal.

De acuerdo con el diputado del Partido Socialismo y Libertad, esas medidas resultaron en un arancel del 50 por ciento a las exportaciones brasileñas, vigente desde agosto, con efectos directos sobre las cuentas públicas.

«Esa conducta erosiona el patrimonio nacional y agrava la crisis fiscal», argumentó.

Refirió que Eduardo Bolsonaro habría actuado en beneficio propio y de su padre, en detrimento del interés nacional, lo cual constituye otra de las causales de despido previstas en la legislación federal.

«La Policía Federal aceptó nuestra representación e inició un proceso para destituir a Eduardo Bolsonaro de su cargo de secretario por traición», rasgueó Boulos en su publicación.

En procesos anteriores, la propia fuerza del orden público había imputado a Eduardo Bolsonaro por presunta coacción a la justicia y por abolición violenta del Estado de Derecho.

Ahora, el trámite disciplinario refuerza la presión institucional sobre el hijo del exjefe de Estado.

El caso abre un nuevo frente en el Congreso Nacional, en el cual la familia Bolsonaro enfrenta múltiples cuestionamientos judiciales y políticos.

La decisión final dependerá del desarrollo de la investigación interna de la PF y de sus eventuales consecuencias administrativas.

En cualquier escenario, se espera que el periodo sume tensión al ya complejo clima político en Brasil, donde se cruzan la gestión del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los embates del opositor bolsonarismo (adeptos de Bolsonaro).

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