Tras intensas protestas que paralizaron al país en 2023, en noviembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo fallo que declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum e indicó el cierre de operaciones de la compañía.

Sin embargo, ante la pretensión del Ministerio de Ambiente (Miambiente) de proceder con la inspección del enclave, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas en Panamá advirtió graves irregularidades en la misma.

La coordinadora de ese colectivo, Alibel Pizarro, apuntó que preocupa la exclusión de 170 compromisos ambientales declarados como “no aplicables para la auditoría”.

En ese sentido, mencionó que no se verificará si se han cumplido los estándares internacionales para factores de seguridad y diseño de ingeniería en estructuras de mina.

Por su parte, Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) precisó que la inspección excluye que la empresa haya evitado o minimizado los impactos que tengan potencial afectación a la salud o haber empleado las mejores prácticas para minimizar el impacto sobre la calidad de aire y de agua.

“Estas omisiones imposibilitan que el país conozca la verdad sobre el proyecto minero y hacen más difícil para el Estado panameño defenderse de lo que todavía sigue siendo una amenaza, los arbitrajes internacionales que ha interpuesto la empresa”, remarcó.

Otro punto cuestionable es que no se realizarán nuevos muestreos por parte de la empresa auditora. Las evaluaciones se harán en base a los controles hechos por la empresa Cobre Panamá y la documentación que presente la misma.

Tampoco se hará el monitoreo microbiológico que se había recomendado para verificar la contaminación de ríos y otros cuerpos de agua por la actividad minera, según sus denuncias.

A saber, la auditoría en cuestión fue adjudicada a la empresa SGS Panama Control Services Inc., por un monto de 539 mil dólares a través de un procedimiento excepcional aprobado por el Consejo Económico Nacional en agosto pasado.

El pasado 12 de septiembre, Miambiente anunció el inicio de la auditoría, que tendría una duración de seis meses. Sin embargo, en el portal Panama Compra no se ha subido el contrato con la empresa que debe ser refrendado por la Contraloría General de la República.

Las recomendaciones ambientales surgieron luego de un largo proceso de consulta en el que participaron 260 organizaciones, empresas privadas, comunidades locales, academia, integrantes del sector privado y población en general. La expectativa era que Miambiente las acogiera y fueran incorporadas, pero en algún punto se decidió hacer modificaciones.

Para Abrego, en el proceso en que eso se da y que se publica, hay un cambio en el planteamiento tanto de transparencia como información y profundidad.

“No sabemos qué sucedió en el medio con esa información. Lo que sí es cierto es que se vacía de contenido la auditoría y ya el término de integral no cabe”, lamentó. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha reiterado en varias ocasiones que el proyecto minero es una de las prioridades en su agenda. Sin embargo, el tema genera una fuerte oposición en la ciudadanía.

El 60,6 por ciento de los entrevistados en la encuesta Vea Panamá en abril de este año se pronunciaron en contra de la reapertura del proyecto, indica el diario La Estrella de Panamá.

Además, colectivos sociales como la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, gremios magisteriales y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería se han manifestado este año en las calles en protesta a la actividad.

Por su parte, gremios empresariales como la Cámara Minera de Panamá (Camipa) resaltan el monumental impacto económico de la actividad, no solo en los trabajos que se generan en la misma obra, sino también en actividades relacionadas.

La suspensión del proyecto en 2024, luego del fallo del Supremo, le costó mil 700 millones de dólares a Panamá, de acuerdo con datos de la compañía.

Otros datos de la empresa señalan que la mina representaba el 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto de la nación istmeña y el 75 por ciento de sus exportaciones.

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