La decisión mayoritaria (13 votos) contra ese proyecto, sobre todo de representantes del Partido Revolucionario Democrático y del gobernante Realizando Metas desató encendido intercambio de mensajes entre diputados, principalmente a través de redes sociales.
La publicación también provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del pleno.
El jefe de bancada de la coalición independiente Vamos, Roberto Zúñiga, dijo que es lamentable esta Asamblea y lo achacó a lo que llamó los mismos de siempre.
“ Acabaron de rechazar el proyecto de ley de protección de denunciantes. ¡Le temen a los proyectos anticorrupción!”, remarcó.
Su copartidaria Janine Prado aseguró que con esta decisión, el Legislativo perdió la oportunidad de ponerse del lado de la gente y consideró que rechazar la ley de protección a denunciantes es proteger la corrupción, no a los ciudadanos.
Uno de los principales cruces se dio entre el proponente del proyecto, Jorge Bloise, y el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, este último justificó su voto en contra señalando problemas legales dentro de la propuesta.
También el resultado generó críticas desde algunos sectores de la sociedad civil, planteando nuevamente el problema de avanzar normativas anticorrupción y la resistencia de algunos actores políticos.
“Es una decepción mayúscula que 39 diputados (los que votaron no y los ausentes) le nieguen a los servidores públicos esta herramienta de #ProtecciónDeDenunciantes. El mensaje es claro contra la voluntad ciudadana que está harta de las consecuencias de la corrupción”, señaló Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana Capítulo de Panamá.
Aunque el oficialismo aún no se ha pronunciado de forma institucional sobre la votación, las diversas reacciones reflejan una creciente frustración ciudadana.
Activistas y organizaciones civiles ya han comenzado a exigir que el proyecto sea reintroducido con las correcciones necesarias.
Mientras, la Asamblea enfrenta una nueva crisis de credibilidad en torno a su compromiso con la transparencia, en un país donde la desconfianza en las instituciones sigue siendo uno de los principales retos democráticos.
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