La decisión respondió, según su abogado, Luciano López, a la certeza de que el proceso es solo aparente pues todo indica que la sanción propuesta por una de los miembros de la JNJ ha sido decidida de antemano.

“No convalidaremos con nuestra presencia una decisión que ya tomaron: suspenderla y descabezar la Fiscalía de la Nación en el actual contexto de lucha contra la criminalidad”, argumentó el conocido jurista en un comunicado.

Señaló que su defendida no asistió porque “no hay juego limpio ni debido proceso” y en la audiencia Espinoza solo podía ejercer su defensa durante diez minutos.

La fiscal declaró ayer que los integrantes de la JNJ “ya tenían una especie de consigna de venir contra mí” y la quieren suspender y seguramente reemplazarla, afectando la autonomía de la Fiscalía de la Nación.

La suspensión fue presentada como una sanción por no acatar de inmediato la orden de la JNJ de reponer en el cargo de fiscal de la Nación a su antecesora, Patricia Benavides, excluida por la Junta de Fiscales Supremos por investigaciones sobre hechos graves que se le imputaban. Benavides volvió al Ministerio Público pero no para reemplazara Espinoza, sino como una de los fiscales supremos, que así lo decidió porque las normas establecen que a la fiscal de la Nación solo la elige la citada junta de fiscales en forma autónoma.

La JNJ dejó pendiente la sentencia tras una breve audiencia en la que tomó nota de la inasistencia y dejó pendiente la decisión, mientras Espinoza señaló que la JNJ sigue sin precisar los motvos de pretender suspensión y añadió que se trata de una represalia por la lucha del Ministerio Público contra la corrupción.

De otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros difundió un comunicado de rechazo a la solicitud de la fiscal de la Nación al Poder Judicial, de ilegalizar al partido neoliberal Fuerza Popular (FP) e impedirle participar en las elecciones generales de abril de 2026 por lo que considera conductas antidemocráticas.

El pronunciamiento gubernamental sostiene que la Fiscalía pretende determinar, contra la constitución y las leyes, qué partidos pueden competir en los comicios.

La fiscal Espinoza respondió que el comunicado “eso sí se llama politización de la justicia” y argumentó que la ley de organizaciones políticas establece que el Ministerio Público puede pedir la ilegalización de un partido, con las pruebas necesarias.

Invitó a Keiko Fujimori, titular del partido Fuerza Popular, a leer los fundamentos del pedido de ilegalización, contenidos en un expediente de cerca de cuatro mil páginas, presentado ayer.

Espinoza ha tenido frecuentes discrepancias con el Gobierno, la más reciente por su oposición, junto a la titular del Poder Judicial, contra una a amnistía a ex militares y ex policías juzgados o acusados por crímenes de Estad o cometidos durante el llamado conflicto interno (1980-2000).

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