La jefa del bloque parlamentario opositor, Viviana Veloz, rechazó lo que consideró una “acción autocrática” y afirmó que presentarán una demanda por inconstitucionalidad.

“Este es un país no su hacienda. La Constitución es clara (…) Se trata de un atropello a la democracia que abre la puerta al autoritarismo y a la incertidumbre”, sostuvo la asambleísta rodeada de sus colegas de la RC.

En declaraciones a la prensa, advirtió que el mandatario podría “tomarse la Corte” y sugirió al Consejo Nacional Electoral (CNE) remitir el trámite al organismo judicial, como dice la Carta Magna vigente.

La Corte Constitucional ya recibió otras demandas contra el decreto que pide llamar a las urnas para consultar la redacción de un nuevo texto constitucional sin solicitar previamente un dictamen del máximo tribunal.

Asimismo, el Foro por la Democracia, un colectivo de la sociedad civil integrado por abogados y juristas, advirtió en un comunicado sobre un “grave rompimiento del orden democrático”.

El Foro alertó que esta acción vulnera la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, debilitando la institucionalidad democrática y convirtiendo la Constituyente en un mecanismo instrumentalizado con fines partidistas.

En medio de las tensiones existentes en el país, con un paro anunciado en rechazo al alza del diésel, el mandatario justificó la convocatoria a la Constituyente como una vía para superar la crisis de gobernabilidad. “La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano”, dijo la Presidencia en un comunicado.

En el decreto, el gobernante incluye un estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, en el que se establece que este órgano será extraordinario y temporal, con el encargo de redactar y aprobar una nueva Constitución y las disposiciones transitorias necesarias para su implementación.

Mediante otro decreto, el gobernante solicita someter a referendo la pregunta con la cual busca permitir la instalación de bases militares extranjeras, algo prohibido en la actual Carta Magna.

Ese asunto, polémico y cuestionado por sus implicaciones para la soberanía nacional, sí pasó previamente el control constitucional y fue sometido a debate en la Asamblea Nacional (Parlamento).

En su pronunciamiento, el Gobierno pide al CNE proseguir los trámites para incluir ambas preguntas en un proceso consultivo, mientras anuncia que en los próximos días emitirá otro decreto para sumar una tercera pregunta, referente al financiamiento de partidos políticos.

Noboa busca agregar otros asuntos en la consulta popular y referendo que pretende realizar este mismo año, pero están en manos de la Corte Constitucional que él ha acusado de frenar el proceso consultivo con “malicia”.

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