A pesar de que las audiencias contra el ex jefe de Estado parecían concluidas para la sentencia de la corte, el pasado 12 de septiembre la instancia decidió reabrir el proceso judicial debido a una solicitud presentada por las partes civiles.

Este viernes los abogados que representaron a la República y a las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur desarrollaron la línea de argumentación en la que sostienen que Kabila es en realidad de nacionalidad ruandesa, lo cual permitiría reclasificar el delito de traición a espionaje.

Como parte de la presentación de pruebas citaron declaraciones de figuras políticas como Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Willy Mishiki, el difunto Ngoy Mukena y el escritor Va Lengi Ngemi; mientras que los testigos anunciados para la jornada no pudieron comparecer, por supuestas limitaciones de seguridad.

Los abogados de la parte civil incrementaron su demanda de indemnización de 24 mil millones de dólares a 33 mil millones de dólares por los daños causados a la población y al Estado por la rebelión de la Alianza del Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), movimiento del cual se le acusa de ser el instigador intelectual.

Igualmente piden la confiscación de todos los bienes del expresidente.

La Fiscalía, por su parte, solicita la pena de muerte para Kabila; 20 años de prisión por apología de crímenes de guerra; 15 años por conspiración; arresto inmediato del acusado y condenación al pago de las costas y la prisión.

Se espera que el veredicto del Tribunal Superior Militar se dicte en 10 días.

El juicio ha transcurrido en ausencia del acusado y, de acuerdo con los seguidores de Kabila, se trata de una maniobra de persecución política que apunta a desacreditar a esta figura influyente de la escena política de RDC.

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