De acuerdo con el comunicado de la institución, para ese fin se convocará oficialmente la instalación de una comisión integrada por el Gobierno, el sector privado y las organizaciones de los trabajadores.

Las remuneraciones que se adopten dependerán de la actividad económica y la zona donde se desarrolla, y las mismas se deberán revisar cada dos años por ley mediante un diálogo entre sindicatos y trabajadores, que nunca han logrado un consenso.

En cumplimiento con lo establecido en el Código de Trabajo, la Comisión Nacional de Salario Mínimo, integrada por representantes del sector empresarial, sector trabajador y el Ejecutivo, deberá garantizar un proceso participativo, técnico y transparente.

Para la titular de Mitradel, Jackeline Muñoz, es importante encontrar puntos de consenso, al tiempo que desmintió que no se vaya a convocar la revisión salarial, como aseguraron algunas agrupaciones.

Para el Ministerio, dijo, lo más importante es velar por el bienestar del trabajador, garantizar el cumplimiento de la ley y promover la paz social, lo que niegan algunas centrales obreras, como la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.

Según la funcionaria, en el istmo rige un decreto vigente que establece las tasas de salario mínimo por región y actividad económica, el cual será revisado con responsabilidad, ya que existe el compromiso con honrar los beneficios que le corresponde al trabajador.

Versiones periodísticas recuerdan que en la última revisión no se llegó a un consenso en la comisión, por lo que el Gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) decretó en enero de 2024 un alza de entre el 4,5 y el 7 siete por ciento del salario mínimo tanto en las zonas urbanas como rurales, con un plazo de vigencia de dos años hasta 2025.

Como regla para calcular los ajustes al salario mínimo se toma en cuenta las proyecciones de crecimiento del país, pero en la práctica, los salarios no alcanzan para satisfacer la canasta básica familiar, según denuncias.

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