Entre las normas sobresale la relacionada con la carrera administrativa, avalada en el Consejo de Gabinete y que plantea una transformación estructural y nuevas exigencias a los servidores públicos.

La iniciativa prevé la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, como una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia con autonomía técnica y funcional, entre otros de sus objetivos.

De acuerdo con el Ejecutivo, se trata de profesionalizar, transparentar y hacer más eficiente la gestión de los recursos humanos del sector estatal, aplicando principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia.

Según estadísticas oficiales, en el istmo solo cinco por ciento de los funcionarios (13 mil 86 de un total de 260 mil) cuentan con este tipo de formación, lo que ha limitado la aplicación de evaluaciones y procesos de control.

Con el nuevo proyecto, todos los servidores serán incorporados de manera transparente, corrigiendo estas deficiencias y garantizando un sistema basado en reglas claras, igualdad de condiciones y estabilidad laboral.

Las mayores diferencias entre diputados emergieron durante los debates sobre el nuevo reglamento interno del Legislativo.

El diputado Luis Eduardo Camacho, del gobernante partido Realizando Metas (RM), anunció en el pleno que votaría en contra de cualquier modificación a la vieja ley.

A pesar de esto, la Comisión de Credenciales continuó con el análisis de 16 proyectos de ley que suman más de 247 artículos, los cuales buscan reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, durante su cuarta sesión.

Asimismo, se avanzó en la revisión de los artículos que otorgan mayores atribuciones a la junta directiva ampliada, integrada por los miembros de la actual cúpula y los representantes de las bancadas existentes.

El pasado 1 de julio, el nuevo presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, del partido Panameñista, manifestó a Prensa Latina que su gestión buscará marcar un cambio de rumbo en la institución, con compromisos concretos orientados a la transparencia, la eficiencia administrativa y una mayor participación ciudadana.

En ese sentido, la propuesta contempla la modernización de los procedimientos parlamentarios, el uso de herramientas digitales para hacer más eficiente y accesible el trabajo, y el establecimiento de reglas claras que fortalezcan la institucionalidad.

Para Herrera, la Asamblea debe convertirse en una institución moderna, funcional y alineada con las demandas de la ciudadanía.

Otros contrapunteos entre los parlamentarios surgieron al descartar una ley que blindaba a quienes denuncien irregularidades en la administración pública y sector privado, acción vista como otra batalla perdida en la lucha anticorrupción.

La decisión mayoritaria (13 votos) contra ese proyecto, sobre todo de representantes del Partido Revolucionario Democrático y de Realizando Metas también provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del pleno.

El jefe de bancada de la coalición independiente Vamos, Roberto Zúñiga, dijo que es lamentable esta Asamblea y lo achacó a lo que llamó los mismos de siempre.

“ Acabaron de rechazar el proyecto de ley de protección de denunciantes. ¡Le temen a los proyectos anticorrupción!”, remarcó.

“Es una decepción mayúscula que 39 diputados (los que votaron no y los ausentes) le nieguen a los servidores públicos esta herramienta de #ProtecciónDeDenunciantes el mensaje es claro contra la voluntad ciudadana que está harta de las consecuencias de la corrupción”, señaló por su parte Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana Capítulo de Panamá.

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