El pasado martes, el órgano de justicia transicional comunicó que son ocho los años que cumplirán con proyectos restaurativos los integrantes del último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) por el delito de secuestro.

El fallo alude a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, quienes en junio de 2022 asumieron públicamente frente a ese tribunal, a las víctimas y al país su responsabilidad en los referidos sucesos.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz presentó la sentencia en la que quedaron definidas las sanciones impuestas a los comparecientes luego de que dejaron las armas, aportaron verdad, aceptaron los crímenes imputados y tras verificar que han mantenido su compromiso con la no repetición.

De acuerdo con la JEP, la política de secuestros dejó al menos 21 mil 396 hechos victimizantes en el país entre 1993 y 2016.

Según manifestaron posteriormente a la lectura de la sentencia, los exguerrilleros cumplirán con sus obras restaurativas para aportar “a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron”.

También difundió la JEP dos días más tarde las sanciones impuestas a 12 comparecientes de la fuerza pública por su máxima responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2005.

Los individuos eran integrantes del Batallón de Artillería dos, conocido como La Popa, y los hechos aluden a delitos cometidos en el norte del departamento de Cesar y el sur de La Guajira.

En estos crímenes las víctimas eran campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas en situación de vulnerabilidad, las cuales fueron perseguidas, perfiladas, embaucadas, detenidas, torturadas y ejecutadas por quienes tenían el deber de protegerlas, acotó la JEP.

Los sancionadas deberán participar en seis proyectos restaurativos y uno de ellos es el Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe que, entre otras acciones, tiene prevista la construcción de un mausoleo de la memoria que comprende 700 osarios con sus respectivas lápidas en el Cementerio del Ecce Homo de Valledupar, Cesar.

“Las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz representan un paso clave para los mecanismos innovadores de justicia transicional contemplados en el Acuerdo de Paz, los cuales buscan promover la verdad, garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, así como brindar reparación a las víctimas”, señaló Guterres a propósito del trabajo de la JEP.

mem/ifs