En un comunicado público, el JEE de la zona centro de la ciudad precisó que el primer ministro, Eduardo Arana, habría violado la neutralidad electoral al publicar un comunicado contra el pedido formal de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al Poder Judicial, que declare ilegal a FP por sus acciones antidemocrática.
Espinoza fue destituida ayer en un contexto de controversia que la puso al frente del Gobierno, el Parlamento conservador y partidos y medios de prensa afines, en la ocasión más reciente por la oposición de la fiscal a una amnistía a ex militares y ex policías involucrados en violaciones de derechos humanos.
El informe del área de Fiscalización del Jurado Electoral de Lima puso a consideración un informe según el cual el número dos del Gobierno “habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral” en el proceso hacia los comicios generales de 2026.
Arana, por su parte, insistió en un acto público en que el pronunciamiento gubernamental no favoreció a FP -al que está vinculado Arana, según versiones opositoras- sino buscó garantizar el derecho de participación electoral y que nadie pueda usar una argucia para excluir a algún partido.
La fiscal dijo que su pedido de proscripción de FP, presentado el jueves último, se fundamenta en un expediente de cera de cuatro mil páginas entregado al Poder Judicial y que se refiere a, dijo, a hechos como los ataques del partido a políticos discrepantes, el aliento a grupos violentos y la promoción de la reciente amnistía.
La intervención del Gobierno en el asunto continuó hoy reviniendo críticas que inciden en la influencia del fujimorismo en la administración de la presidenta Dina Boluarte.
La parlamentaria Silvana Robles calificó como parcializado y carente de neutralidad al comunicado del Gobierno, lo cual “pone en evidencia “quienes verdaderamente gobiernan” y cuyos intereses políticos no pueden socavar la independencia del Ministerio Público.
Indira Huilca, ex parlamentaria, comentó que “el Gobierno sale a defender a sus verdaderos jefes” pese a que la líder de FP, Keiko Fujimori, niega participar en el Ejecutivo.
La analista Patricia Paniagua apuntó que el comunicado muestra
“la naturaleza de un partido que ataca la institucionalidad democrática, sabotea la administración de justicia y difama a todo al que considera adversario y lo denomina ‘pro terrorista’ para atemorizar y desinformar a la ciudadanía”.
Entretanto, el abogado de Espinoza declaró que presentará un recurso judicial para que la suspensión quede sin efecto debido a que está activo otro contra la anterior orden de la JNJ, de que la fiscal ceda el cargo a Benavides.
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