A través de sus redes sociales, Satterthwaite se pronunció sobre “noticias preocupantes” luego de que el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, emitiera un decreto que convoca a consulta popular para una Constituyente sin la revisión previa de la Corte Constitucional.

La relatora apuntó que ese es un requisito requerido por la actual Constitución y señaló que “la obstrucción institucional no debe bloquear la voluntad del pueblo”.

La experta se refirió también a cómo el máximo tribunal se vio obligado a evacuar su sede en Quito durante una sesión de emergencia debido a una amenaza de bomba mientras revisaba las demandas presentadas contra el decreto presidencial.

«Insisto: todas las instituciones y actores gubernamentales tienen el deber de respetar y garantizar la independencia judicial», enfatizó la representante del organismo internacional.

Agregó que la independencia judicial no es un privilegio para los jueces, “es una condición fundamental del Estado de derecho y una salvaguarda para los derechos de todas las personas».

Además, la relatora sostuvo que «cualquier interferencia con la Corte Constitucional socava el Estado de derecho, debilita el sistema de pesos y contrapesos, y erosiona las garantías contra el abuso de poder».

Satterthwaite dijo estar “especialmente preocupada en este contexto de tensiones crecientes”, luego de que la Corte suspendiera leyes clave impulsadas por el presidente Daniel Noboa, quien convocó a una marcha contra la Corte, con “campañas que califican a los jueces como enemigos del pueblo”.

“Estemos o no de acuerdo con una decisión en particular, la independencia judicial garantiza que la justicia se decida sobre la base de la ley, y debe ser defendida siempre frente a la intimidación y la injerencia indebida”, finalizó la relatora.

En estos momentos, está suspendido el Decreto Ejecutivo 148 del presidente Noboa luego de que la Corte Constitucional admitiera cinco demandas contra la disposición con la cual el mandatario buscaba una consulta popular para una Asamblea Constituyente de forma directa, sin pasar el filtro del máximo tribunal.

El pronunciamiento salió casi a la medianoche de este sábado, luego de que la sede del tribunal, en Quito, fuera desalojada por parte de la Policía Nacional bajo el argumento de una supuesta amenaza de bomba que resultó una falsa alarma.

“Este incidente, además de reprochable, evidencia la importancia de defender las instituciones y rechazar cualquier intento de intimidación que busque alterar el curso de la justicia y la democracia”, subrayó la Corte en un comunicado.

Autoridades locales, políticos y juristas cuestionaron la decisión del mandatario de pedir directamente al Consejo Nacional Electoral iniciar los trámites del proceso consultivo para decidir sobre una reforma total de la Carta Magna sin el análisis previo de la Corte.

mem/avr