La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó haber recibido el dictamen de la Corte, que es el primer paso del control de constitucionalidad de la iniciativa, es decir, aún no hay luz verde para incluir la pregunta en la papeleta del proceso consultivo.

El CNE precisó que se encuentra a la espera del pronunciamiento final de la Corte sobre el tema.

En su sentencia, la Corte precisó que una Asamblea Constituyente tiene la potestad exclusiva de elaborar un proyecto de nueva Constitución, que luego deberá someterse a referendo popular.

Ecuador irá a las urnas el 16 de noviembre de este año para un proceso consultivo propuesto por Noboa, que tendrá un costo de 59,7 millones de dólares y hasta ahora incluye dos preguntas.

En primera instancia, los ciudadanos deberán decir si están de acuerdo con reformar la Constitución y que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas.

Por otro lado, los ecuatorianos deberán manifestar si desean levantar la prohibición constitucional de establecer bases militares o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera.

El Gobierno pretende aún sumar la interrogante sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente, una iniciativa que el mandatario buscaba incluir sin el aval de la Corte, lo cual provocó una ola de críticas de juristas, políticos y hasta organismos internacionales.

El Decreto Ejecutivo 153, con el cual Noboa pidió convocar a la Constituyente, sigue bajo análisis del máximo tribunal y ya acumula al menos nueve demandas de inconstitucionalidad.

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyas bases se preparan para un paro nacional, la narrativa del Gobierno de una Constituyente es un distractor frente al golpe económico tras la eliminación del subsidio al diésel y la inminente subida de pasajes.

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