El fiscal general, Paulo Gonet, fue quien presentó la acusación formal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el legislador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y Figueiredo, nieto del último mandatario de la dictadura militar (1964-1985).

Tal imputación se sustenta en el artículo 344 del Código Penal, que tipifica el delito de coacción en el curso de un proceso.

Según el Ministerio Público, los denunciados recurrieron a presiones y amenazas —algunas vinculadas incluso a sanciones de gobiernos extranjeros— con el fin de favorecer intereses propios y proteger al exgobernante Bolsonaro (2019-2022).

Los dos «actuaron reiteradamente en detrimento de la República, subordinándola a objetivos personales y familiares», señala el escrito presentado por Gonet.

Actualmente residentes en Estados Unidos, los implicados reaccionaron con un comunicado publicado en la red social X y reivindicaron su derecho constitucional a pedir a Washington que revise supuestos abusos judiciales cometidos en Brasil.

«La Primera Enmienda nos ampara, y seguiremos ejerciendo ese derecho», defendieron. Además, acusaron a las autoridades brasileñas de incurrir en una «represión transnacional» contra ciudadanos que, aunque con nacionalidad brasileña, actúan bajo jurisdicción estadounidense.

La denuncia llega en un momento delicado: apenas cinco días después que la Cámara de Diputados aprobara la tramitación urgente de la polémica ley de amnistía para los condenados por los actos violentos del 8 de enero de 2023.

De aplicarse de forma amplia, la norma podría beneficiar al expresidente Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por su papel en el intento de golpe.

No es la primera vez que Eduardo Bolsonaro aparece en la mira del STF. En mayo, el magistrado Alexandre de Moraes abrió una investigación en su contra por actividades realizadas en Estados Unidos, consideradas como intentos de obstrucción de la justicia y atentados a la soberanía nacional.

En su defensa más reciente, tanto el parlamentario como el creador de contenidos señalaron que las acusaciones de Gonet refuerzan su posición a favor de una «amnistía amplia, general e irrestricta».

De acuerdo con los inculpados, cualquier alternativa «solo agravará la crisis política» y profundizará la confrontación con Estados Unidos.

La denuncia agrega un nuevo capítulo al complejo escenario político y judicial en torno al bolsonarismo (adeptos de Bolsonaro), que se juega parte de su futuro inmediato entre los tribunales brasileños, las alianzas internacionales y el debate parlamentario sobre la amnistía.

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