En los primeros ocho meses del año en curso, las incautaciones realizadas por fuerzas de seguridad superaron en tres por ciento a las dos mil 423 de 2024, detalló el medio sobre la base de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic).

También significaron un 13,2 con respecto a 2023 (dos mil 205), 10,8 contra el 2022 (dos mil 253), 8,8 al relacionarlas con 2021 (dos mil 295) y 13,2 conforme a la de 2020 (dos mil 206), remarcó el texto, igualmente con los informes de esa entidad del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Los departamentos con mayores decomisos son esta capital (869), Escuintla (191), Jutiapa (152), Petén (145) e Izabal (118), amplió, según los registros.

El analista en temas de seguridad, Mario Polanco, calificó de positivos los resultados porque “se espera que tengan un impacto sobre el control de bandas que están afectando al país en gran medida”.

Los departamentos con las mayores confiscaciones “existe más tráfico de estupefacientes y contrabando”, describió el experto, citado por el propio Diario de CentroAmérica.

En relación con alza de homicidios reportados en meses anteriores, el analista en seguridad y justicia, Sandino Asturias, expuso que esa situación se debía a múltiples factores, pero el mayor radicaba en el “privilegio otorgado a los negocios privados de armas de fuego”.

Recordó que en este territorio centroamericano 500 mil personas tienen estos artefactos de este tipo legalmente y otra cantidad similar sin registros.

Las políticas del Estado deben orientarse a desarmar a la población, estimó Asturias, mientras afirmó en que otro asunto es la impunidad que sigue siendo alta cuando se trata de investigar y condenar este tipo de crímenes.

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