En conferencia de prensa, el mandatario subrayó que están en la fase de análisis, precisamente con énfasis en los temas de posible inconstitucionalidad de la ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo, el jefe de Estado insistió en que todavía está el plazo, por lo cual continúan en proceso de estudio sobre la base de potenciales vulneraciones de la Carta Magna.

El Legislativo remitió la propuesta el viernes 12, por lo cual, a partir de lo que establece el artículo 177 de la Constitución, mañana vencen los 10 días que este tiene para vetarla o sancionarla, advirtió antes el diario Prensa Libre.

El diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, José Chic, llamó este lunes importante que Arévalo aclare esa confusión que tiene en las fechas.

Los 15 días empiezan a correr desde que el Congreso entrega en la Presidencia el Decreto, subrayó el legislador en declaraciones citadas por medios locales de prensa.

Al menos 305 alcaldes firmaron una misiva y la entregaron al Gobierno para que el presidente firme la propuesta, después que diferentes sectores (empresariales, académicos) manifestaron varias preocupaciones.

Estos mencionaron, entre ellas, que el Decreto 7-2025 debilita los controles sobre el gasto ejecutado por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

En palabras esta mañana a Emisoras Unidas, la analista política independiente Claudia Villagrán expresó que el mandatario está en una situación bastante compleja, “pero me da la impresión de que va a proceder a vetarlo”.

Esto se da a partir de que tanto su ministro de Finanzas (Jonathan Menkos) como él mismo aclararon que la Ley podría tener algunas inconstitucionalidades, amplió.

Sobre las consecuencias, opinó que pueden ser variadas: desde una manifestación muy abierta y pública por parte de los 305 alcaldes que enviaron cartas, hasta, quién sabe, algún tipo de acción de parte del Parlamento.

Si Arévalo veta el decreto y lo devuelve al Congreso, según análisis, este debe someterlo al pleno en la siguiente sesión, mientras cuenta con hasta 30 días para reconsiderar o rechazar la postura del Gobernante.

“Hay un pulso y, sobre todo, una gran negociación, detrás de esta iniciativa”, comentó también a Emisoras Unidas el experto y catedrático universitario Cecil de León.

El analista independiente Luis Linares advirtió al diario La Hora sobre interesados en el manejo de los recursos, ya que se convirtieron en la principal fuente de corrupción.

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