En sus redes sociales, la Conaie publicó varios videos que muestran cómo uniformados lanzan gas lacrimógeno contra manifestantes en zonas como Cajas, cantón Cayambe, en el límite entre las provincias de Pichincha e Imbabura, en la sierra norte.
También en Otavalo, provincia de Imbabura, la represión de la fuerza pública dejó personas heridas y detenidas durante las protestas.
La organización, que convocó al paro en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del Gobierno de Daniel Noboa, exigió el cese de los ataques a los ciudadanos “que ejercen su derecho legítimo a movilizarse”.
El Ministerio de Defensa informó sobre la presencia de militares en vías, puertos, hospitales, carreteras y puntos estratégicos para dar continuidad a los servicios esenciales.
La portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, minimizó este lunes en su habitual rueda de prensa las movilizaciones.
Señaló que hay pocos focos de movilización indígena y dijo que esas pequeñas concentraciones han sido desactivadas con ayuda de la fuerza pública.
“Son pequeños grupos que no superan las 60 u 80 personas. Esto revela que hay un ánimo de trabajo en los ecuatorianos, de sacar el país adelante y no hay para nada, un ánimo de apoyar un paro y de caotizar el país como algunos dirigentes están queriendo posicionar”, dijo la vocera.
Paralelamente, el oficialismo promovió una marcha en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a donde el mandatario Daniel Noboa trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo.
Rafael Negrete, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, cuestionó la movilización organizada por el Gobierno y aseguró que no caerán en la confrontación.
“Nosotros no vamos a enfrentar pueblo contra pueblo ni tampoco con los señores militares”, afirmó el dirigente que ratificó que las protestas se mantendrán de manera indefinida.
Al respecto, Nayra Chalán, exvicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, señaló en entrevista con Radio Pichincha que el paro será progresivo y que no temen a las amenazas del Gobierno de enviar 30 años a la cárcel a los dirigentes.
Si bien en ciudades como Quito todo funciona con normalidad, a esta hora prosiguen las acciones de protesta en carreteras y comunidades.
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