Lula, quien se encuentra en Nueva York para asistir a la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, publicó en redes sociales imágenes de las protestas en Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, Salvador y otras capitales.

«Estoy del lado del pueblo brasileño. Las manifestaciones demuestran que el pueblo no quiere impunidad ni amnistía. El Congreso Nacional debe centrarse en medidas que beneficien al pueblo brasileño», escribió en plataformas digitales.

Las protestas adoptaron el lema «Congreso Enemigo del Pueblo», criticando la prioridad que los representantes otorgan a las propuestas que benefician a los políticos por encima de los temas sociales priorizados por el Gobierno, como los impuestos a los superricos y las exenciones del impuesto sobre la renta para los trabajadores.

Al menos 33 ciudades brasileñas, incluidas 22 capitales estaduales, fueron escenario este domingo de actos de rechazo contra las dos iniciativas.

La PEC del Blindaje busca establecer que diputados federales, senadores y presidentes de partidos solo puedan ser arrestados o procesados con autorización previa del propio Congreso, mediante votación secreta.

También la medida se extendería a legisladores estaduales y distritales.

Críticos denuncian que la enmienda consagra la impunidad política, pues dificultaría la rendición de cuentas ante la justicia.

Aunque fue aprobada en dos rondas en la Cámara de Diputados, enfrenta fuerte rechazo social y su relator en el Senado, Alessandro Vieira, ya se pronunció públicamente en contra.

El proyecto de ley de amnistía propone perdonar a los participantes de los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro intentaron forzar un quiebre institucional en el país para obstaculizar la llegada al poder de Lula.

De aprobarse, miles de investigados y condenados quedarían exentos de responsabilidad penal. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) denunció que la PEC de Blindaje resulta un verdadero atentado contra la Constitución de 1988.

Tal acusación emergió en un comunicado del bloque senatorial del PT, el cual alega que la iniciativa quebranta «directamente el principio del artículo cinco, que establece la igualdad de todos ante la ley».

Para la organización política, «al crear privilegios injustificables para los parlamentarios, subvierte la lógica fundamental del Estado Democrático de Derecho: un mandato no es un salvoconducto para la impunidad».

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