En particular, el bloque de Miguel Ángel Pichetto impulsa una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien acusan de incumplir con la ley de discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la norma promulgada.

También le imputan “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y «violar la división de poderes del Estado».

La reacción de los congresistas emana de la decisión del equipo ejecutivo de anunciar en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y al mismo tiempo suspender su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento, y devolvió el legajo al palacio legislativo.

Aprobada por sustancial mayoría, el presidente Javier Milei la vetó, y posteriormente ambas cámaras del Congreso revocaron el rechazo ejecutivo muy por encima de los tercios requeridos, en medio de un gran júbilo popular y de familiares de discapacitados, asistentes sociales y prestadores de servicios.

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés Pichetto lleva la firma de diputados de su bloque, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

“Lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles”, recalcó Pichetto en X.

Diputados nacionales de Encuentro Federal encabezados por Oscar Agost Carreño igualmente presentaron una moción de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La moción de censura tiene como efecto inmediato, en caso de avanzar, la remoción del regente de ministros. Para ello se necesita el voto de la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso. Incluso, varios diputados coincidieron en calificar el rejuego de la Casa Rosada de cinismo extremo.

La Ley declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus principales medidas estipula la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y el Acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo.

También, actualiza mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y contempla compensaciones económicas de emergencia a prestadores, calculadas según la diferencia entre aumentos de aranceles y la inflación medida por el gobierno.

Extiende a tres años de eximición parcial de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

arc/mh