La campaña de cara al proceso consultivo que impulsa el presidente, Daniel Noboa, tendrá lugar del 1 al 13 de noviembre, mientras que la cita en las urnas será el 16 de ese mismo mes.

Para hacer acciones de proselitismo, el CNE aprobó como límite dos millones 787 mil 744 dólares para cada una de las dos preguntas que, hasta ahora, aparecerán en la papeleta.

En primera instancia, los ecuatorianos deberán decir si están de acuerdo con reformar la Constitución y que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas.

Analistas y políticos de oposición advirtieron que sin apoyo estatal se abre la puerta a las grandes chequeras, se reduce la democracia participativa y facilita el ingreso de dineros irregulares a las campañas.

Por otro lado, los ecuatorianos deberán manifestar si desean levantar la prohibición constitucional de establecer bases militares o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera.

El presidente Noboa busca permitir tropas estadounidenses en el territorio nacional ante el argumento de la inseguridad, mientras a principios de este mes, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó en su visita a Quito que podrían retornar siempre y cuando lo pidan formalmente.

El Gobierno pretende aún incluir otra pregunta con una convocatoria a una Asamblea Constituyente, sin embargo, la Corte Constitucional aún analiza la propuesta, un paso requerido para llegar a la papeleta.

El CNE deberá esperar que el organismo judicial se pronuncie de forma definitiva sobre la idea de cambiar la Carta Magna.

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), inmersa en un paro nacional, la narrativa del Gobierno de una Constituyente es un distractor frente al golpe económico tras la eliminación del subsidio al diésel.

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