La elevada pena solicitada corresponde a los cargos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, cometidos por recibir 11 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS y la peruana Graña y Montero con fines electorales.

Villarán y 18 coacusados, para los que el Ministerio Público pide penas de nueve a 18 años de cárcel, según el nivel de gravedad de su participación en los delitos imputados.

La Fiscalía dice haber obtenido puebas irrefutables de que recibió esa suma a cambio de contratos de obras viales de envergadura, lo que se conoció en 2019 por confesiones de los empresario brasileños involucrados.

La exalcaldesa mantiene, desde que se conoció el caso, la versión de que recibió el dinero, pero para sus campañas por el referendo opositor que pedía su vacancia (destitución), en 2013, y por su reelección, que no logró, en 2014.

Admitió su culpa pero acotó que no cometió delito porque no se benefició personalmente con el dinero, confesión expuesta ante la prensa pero que la Fiscalia no valora como atenuante.

Entre los acusados figuran el expresidente de la constructora brasileña OAS, José Adelmario Pinheiro, así como exfuncionarios de su administración municipal y otros colaboradores, además de nueve personas jurídicas (empresas y asociaciones).

El conocido fiscal José Pérez pretende adicionalmente que otras 16 empresas involucradas paguen reparaciones civiles al Estado como co-responsables de lo sucedido.

El caso de Villarán ha sido usado estos años por organizaciones políticas derechistas involucradas eventualmente en hechos de corrupción y medios de prensa afines, para desprestigiar a las fuerzas de izquierda.

Uno de los principales involucrados en el caso Villarán, su gerente en el municipio, José Miguel Castro, fue entontrado muerto degollado en su casa en junio último, deceso que no se ha esclarecido.

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