En Cotopaxi, provincia de la sierra central, el Movimiento Indígena y Campesino denunció disparos de la fuerza pública contra vehículos civiles en el sector de Saquisilí, lo que calificó como una “criminalización de la protesta”, convocada en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

En tanto, en la sureña provincia de Azuay, comunidades y juntas de agua se concentraron en la Y de Tarqui, rodeadas por militares y policías que intentaban contener la movilización.

Los cierres de vías también se extendieron a Cayambe, en el territorio de Pichincha, en el norte de Quito, donde manifestantes colocaron troncos y maquinaria sobre la Panamericana Norte.

También en Pichincha manifestantes bloquearon la vía E-28 con la quema de troncos cerca de la Y de Tabacundo, a donde acudieron fuerzas militares para despejar la protesta y permitir el tránsito.

Por su parte, en la provincia de Los Ríos, en el suroeste del país, campesinos bloquearon el tramo Babahoyo–Guaranda y quemaron neumáticos en Babahoyo–Montalvo.

En el norte de Guayaquil, provincia de Guayas, ciudadanos quemaron llantas en la avenida Narcisa de Jesús, también como un acto de protesta frente a medidas gubernamentales.

En cuanto a Imbabura, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció el despliegue militar y policial desmedido en Otavalo, con abastecimiento por tierra y aire para sostener la represión contra el pueblo.

“Helicópteros llegan mientras en las calles continúan los ataques con gases, bombas y perdigones contra la población movilizada”, cuestionó la organización.

El lunes, la ciudad de Otavalo fue escenario de fuertes disturbios, con ataques a un cuartel policial y dos agentes heridos en medio de la represión contra quienes asistieron a la protesta.

El Ejecutivo calificó los hechos como “terroristas”, relacionó a los manifestantes con mafias, y confirmó la detención de 47 personas, entre ellas dos ciudadanos venezolanos a los que vinculó con el grupo delictivo Tren de Aragua.

El Gobierno insiste en que la eliminación del subsidio al diésel, decisión que detonó las movilizaciones, es irreversible y que permitirá liberar unos mil 100 millones de dólares anuales para programas sociales y apoyo a pequeñas empresas.

Desde el pasado 13 de septiembre el precio del combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Para la Conaie y otros sectores sociales, esa medida perjudicará a la población más pobre y provocará un alza del costo de la vida.

Las siete nacionalidades indígenas de la Amazonía de Ecuador anunciaron hoy un “gran levantamiento” contra el Gobierno y se suman así a las acciones en el marco del paro nacional.

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