Pérez dijo contar con numerosos testigos y pruebas que inculpan a la acusada por delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos y otros, por los que que la exalcaldesa sea condenada a 20 años de prisión.

Sostuvo que Villarán recibió más de 11 millones de dólares para sus campañas electorales contra su destitución mediante un referendo promovido por partidos derechistas, en 2013, y para su reelección como alcaldesa, en 2014.

A cambio, dijo Pérez, Villarán otorgó grandes beneficios a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, así como a la local Graña y Montero, con lo cual causó un gran daño económico a millones de limeños.

En la audiencia, la exalcaldesa admitió los aportes ocultos, aunque sostuvo que no conoce el monto porque no recibió ni manejó los fondos pero indicó que fue una suma importante, pero menor a los 11 millones de dólares mencionados por el fiscal.

Al respecto, tras la audiencias, el fiscal Pérez dio por segura la condena y exhortó a Villarán a que se declare culpable formalmente, para ahorrar al Poder Judicial tiempo y recursos.

También cuando abandonaba el juzgado, en pleno centro de la capital peruana, la exalcaldesa refirió que renegoció contratos para que dos mil 500 familias afectadas por la construcción de una de las obras entregadas cobren compensaciones justas.

Sobre el alza de las tarifas de peaje en las vías rápidas construidas por las empresas aportantes, que se atribuyen a contratos firmados durante su gestión y a cambio de las contribuciones, dijo que su antecesor, el conservador Luis Castañeda, firmó un acuerdo en el que cedió 65 por ciento a la empresa y acordó aumentos tarifarios en las gestiones posteriores a la suya.

“Me parece muy bien que declaren, porque nosotros vamos a desbaratar uno por uno los cargos” en su contra, apuntó sobre los testigos que citará el fiscal.

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