En un video difundido en redes sociales, los indígenas amazónicos desde la provincia de Pastaza convocaron a sus bases y a la ciudadanía en general a sumarse a la movilización contra la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.
“Hemos empezado un paso muy importante aquí en la provincia, en la Troncal Amazónica, en donde empiezan nuestros territorios”, dijo uno de los representantes de la Confeniae, entidad que apoyó a Noboa en la campaña y ahora afirman estar arrepentidos de haberlo respaldado.
Mientras, en las provincias de Pichincha, Imbabura, Bolívar, Guayas y Cotopaxi continúan los bloqueos de carreteras, según reportes del Servicio de Seguridad Integrada ECU 911.
En este tercer día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Noboa se trasladó a Otavalo, Imbabura, donde esta semana se han registrado la mayor cantidad de cierres de vías y violentas protestas reprimidas por la fuerza pública.
Según el mandatario, los manifestantes intentaron derribar un helicóptero en esa zona y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó de “terroristas” a los ataques en Otavalo, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas dos venezolanos, presuntos integrantes de la banda delincuencial Tren de Aragua.
“Denunciamos que en Otavalo se vive una ocupación militar sin precedentes con la llegada de Noboa, rodeado de tanquetas, camiones y tropas que han convertido la ciudad en un cuartel abierto”, señaló la Conaie en su cuenta de X.
De acuerdo con la organización, la presencia del mandatario en medio del paro nacional “busca imponer miedo y repartir bonos asistencialistas para quebrar la resistencia, en lugar de atender las causas profundas de la crisis”.
El principal reclamo a nivel nacional es que se derogue el decreto 126, el cual puso fin al subsidio al diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón y, según afirman, elevará el costo de la vida.
El presidente Noboa insistió en que no cederña en su decisión de eliminar la subvención y aseguró que el país enfrenta «actos de terrorismo disfrazados de protesta».
En ese contexto de tensiones, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), denunció la clausura por 15 días de TV MICC, medio comunitario de la organización.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones justificó la medida bajo el argumento de un supuesto atentado contra la seguridad pública, lo que el movimiento indíígena consideró como un acto de persecución política y un atentado a la libertad de expresión.
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