En el tercer día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Noboa estuvo en Otavalo, provincia de Imbabura, epicentro de las manifestaciones en su contra para un acto de entrega de créditos y beneficios a los ciudadanos.

“Ecuador no retrocede ante terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”, afirmó el gobernante mientras en las afueras del coliseo donde tuvo lugar el evento se escuchaban gritos de “Fuera Noboa, fuera”.

Pese al descontento social tras el fin del subsidio al diésel, que detonó el llamado al paro, el mandatario consideró que las protestas actuales “no son reclamos sociales, son ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”.

“No podemos ni vamos a retroceder, porque hacerlo sería condenar al fracaso a un país que busca avanzar y prosperar”, reiteró el gobernante, que se niega a dar marcha atrás a una medida que responde a las metas de ajuste fiscal fijadas por el Fondo Monetario Internacional, según las organizaciones.

La Conaie cuestionó la presencia del mandatario en Imbabura, donde el lunes hubo manifestaciones violentas, pues opinó que busca “imponer miedo” y “repartir bonos asistencialistas para quebrar la resistencia”.

“Noboa no llegó con obras ni soluciones; llegó blindado, rodeado de armas y militarizando la ciudad, evidenciando que su respuesta a la crisis es la represión y el autoritarismo”, señaló el movimiento indígena.

Finalmente, el jefe del Gobierno salió de Otavalo en helicóptero mientras en las provincias de Pichincha, Imbabura, Bolívar, Guayas y Cotopaxi continúan los bloqueos de carreteras, según reportes del Servicio de Seguridad Integrada ECU 911.

El principal reclamo a nivel nacional es que se derogue el decreto 126, el cual puso fin al subsidio al diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón y, según afirman, elevará el costo de la vida.

En ese contexto de tensiones, con represión de las protestas por parte de la fuerza pública, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), denunció la clausura por 15 días de TV MICC, medio comunitario de la organización.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones justificó la medida bajo el argumento de un supuesto atentado contra la seguridad pública, lo que el movimiento indígena consideró como un acto de persecución política y un atentado a la libertad de expresión.

A eso se suma el bloqueo de las cuentas bancarias de dirigentes indígenas, como Apawki Castro, del MICC, cuyos fondos fueron inhabilitados pese a no tener procesos legales en curso, lo cual -denunció- “se trata de un acto arbitrario que evidencia la indefensión frente a un Estado que vulnera derechos”.

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