Con 26 votos a favor y ninguno en contra, los representantes aprobaron el informe del senador Alessandro Vieira, quien solicitó el rechazo total del proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados por amplia mayoría.

Para Vieira, la iniciativa protegería a «los autores de delitos como la corrupción, el blanqueo de capitales y el crimen organizado, lo que constituye un claro abuso de propósito e inconstitucionalidad».

También rechazó una enmienda ofrecida por la oposición al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que buscaba limitar la ampliación de prerrogativas a las demandas por delitos contra el honor, como calumnia y difamación.

El presidente de esa corte en el Senado, Otto Alencar, afirmó que, a pesar del rechazo de la comisión, que teóricamente pondría fin al proceso, existe un acuerdo con el titular de la asamblea, Davi Alcolumbre, para llevar el texto al plenario, el cual debería confirmar su rechazo.

Tras la lectura del dictamen de Vieira el miércoles, los senadores debatieron la PEC y criticaron a sus colegas de la Cámara baja.

La oposición, si bien apoyó el rechazo del texto, expresó reservas sobre el Poder Judicial.

Certificada apresuradamente por los parlamentarios federales, la propuesta generó críticas en redes sociales y protestas en varias ciudades del país el 21 de septiembre.

Ante las repercusiones negativas, los asambleístas comenzaron a justificar sus votos.

La PEC fue organizada por el denominado Centrão (tendencia política de centro) y congresistas del Partido Liberal, con el apoyo del timonel de la Cámara baja, Hugo Motta, quien afirma que, a pesar de las críticas, el texto no exime a los parlamentarios de ser procesados por delitos comunes.

Para Motta, el objetivo es frenar los excesos judiciales y «fortalecer el libre ejercicio del mandato parlamentario».

El contenido modifica aspectos sensibles de la legislación, como las normas sobre medidas cautelares, la iniciación de procedimientos y la jurisdicción privilegiada para los presidentes de partidos.

Cambia un artículo de la Carta Magna sobre inmunidad parlamentaria, ya reformado en 2001 mediante la enmienda constitucional número 35.

El nuevo proyecto de ley sustitutivo, sin embargo, restablece el requisito de autorización del Congreso Nacional para que los parlamentarios enfrenten cargos penales e incluye disposiciones que endurecen las condiciones para la investigación y detención de diputados y senadores.

Las mudanzas podrían afectar, por ejemplo, las investigaciones relacionadas con el uso indebido de enmiendas.

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