Los cinco procesados conocidos como los ambientalistas de ADES Santa Marta fueron liberados el pasado 18 de octubre pero una apelación de la fiscalía obligó a un segundo proceso cuyos resultados deben ser aireados este miércoles cuando la fiscalía pide 41 años de cárcel.
Los juzgados son acusados de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas, algo, que, según críticos, se debe a su oposición a la minería metálica en la zona de Santa Martha.
La Fiscalía General de la República (FGR) alega que los líderes comunales asesinaron a María Inés Alvarenga Leiva, crimen supuestamente ocurrido el 22 de agosto de 1989, causa por la que fueron absueltos en octubre de 2024.
La FGR solicitó 30 años de prisión por el delito de asesinato y por el delito de asociaciones ilícitas cinco años para Alejandro Laínez, Antonio Pachecho, Saúl Agustín Rivas, Fidel Recinos y José Eduardo Castaneda, y tres para Pedro Rivas, Miguel Ángel Gámez y Arturo Serrano.
Según la defensa no existen pruebas que demuestren la participación de los acusados en el supuesto crimen.
Según Vidalina Morales, dirigente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES), el proceso es «prolongado» e «injusto» , y además, está dirigido contra los que se oponen en el país a la minería metálica, retomada por el actual gobierno luego de años de prohibición.
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